El presidente de la República, Rafael Correa, está invitando a violar la Constitución y convirtiendo a los asambleístas en tramitadores de recursos y gestionadores de nombramientos para sus provincias.

Así lo advirtieron legisladores de oposición que escucharon al mandatario, quien en su enlace sabatino consagró el acuerdo político alcanzado con tres asambleístas que el 31 de julio en las elecciones legislativas dieron tres votos en blanco para que Fernando Cordero lograra la reelección de presidente de la Asamblea.

“Si no se tiene mayoría en la Asamblea, se tienen que lograr acuerdos con otras tiendas políticas, pero ahora satanizan esos acuerdos”, afirmó el mandatario.

Los tres legisladores que votaron en blanco fueron Fernando Vélez (antes de SP), la alterna de Alfredo Ortiz (Municipalista), Tamara Chico, y Henry Cuji (MIUP).

En el caso de Vélez, su voto en blanco logró que con los votos de PAIS en el Concejo Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas su esposa, Eunice Arce, sea designada vicealcaldesa del cantón.

“¿Dónde está lo satánico, la falta de ética, donde está la troncha?”, dijo el mandatario al referirse al apoyo de AP a la vicealcaldesa.

Dijo que hay acuerdos legítimos, transparentes, apoyo a una provincia en ciertos proyectos; “un asambleísta tiene derecho a decir: ‘Señor presidente, necesitamos tal cosa en tal provincia o municipio, nos podría ayudar con el financiamiento del BEDE’, eso es perfectamente legítimo”, defendió el mandatario.

Esta aseveración del presidente Correa fue cuestionada y rechazada por asambleístas contrarios al régimen como Andrés Páez (ID), Rafael Dávila (AL) y Leonardo Viteri (PSC), pues a su criterio es un llamado directo a que los asambleístas se conviertan en tramitadores de recursos y, por tanto, violen la Constitución de Montecristi aprobada en su mayoría por los propios oficialistas.

La Constitución, recordaron los legisladores, en su artículo 127 determina que los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado; y aclara que no se pueden gestionar nombramientos en el sector público.

Por ello, afirmó Andrés Páez (ID), el planteamiento de Correa podría ser una trampa para que los asambleístas vayan al tráfico de influencias y luego con estas mismas pruebas seguir una acción que llevaría a la destitución por violación a la norma constitucional.

Recordó que el cargo de Eunice Arce, como vicealcaldesa de Santo Domingo, es gestionar un nombramiento y por lo tanto “es una causal de destitución si eso se negoció desde la Asamblea Nacional”.

La asambleísta Mary Verduga (PAIS) manifestó que no le sorprende la designación de Eunice Arce como vicealcaldesa de Santo Domingo, porque antes de esa elección ya había un diálogo entre los miembros del Concejo Municipal con la familia Vélez, tanto es así que hay un contrato del botadero de basura entre la familia Vélez-Arce y el Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas”.

Rafael Dávila (Alianza Libertad) preguntó: ¿Dónde quedó la equidad prometida en la ley del Cootad, cuando hay transferencias presupuestarias a ciertas provincias que pertenecen los asambleístas que ayudan al Gobierno?

Y aclaró que no cuestiona al régimen su legítimo derecho y esfuerzo para obtener una mayoría en la Asamblea, lo que cae en contradicción es que usa las mismas prácticas que cuestionó antes de la partidocracia.