Dirigentes de la oposición anunciaron este lunes una demanda contra el presidente Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional en La Haya (Holanda) por crímenes de lesa humanidad, a raíz de la revuelta policial del 30 de septiembre pasado que dejó 5 muertos y decenas de heridos.

La acción será presentada en septiembre por delitos previstos en el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI) como “realizar ataques intencionados contra hospitales”, señalaron los activistas en un comunicado.

Entre los acusadores se hallan el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, el exsindicalista petrolero y opositor del Gobierno Fernando Villavicencio y el dirigente del Colegio Médico de Pichincha, Carlos Figueroa.

Jiménez ya había denunciado a Correa por el mismo delito ante la Fiscalía el 4 de agosto pasado.

Según el comunicado, en el 30 de septiembre se cometió una “agresión armada de las Fuerzas Armadas, como resultado de la decisión ordenada por el presidente Rafael Vicente Correa Delgado, en abuso del ejercicio de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, quien con 900 soldados de élite, armados y equipados, atacaron el Hospital de la Policía donde sabía plenamente que pernoctaban en calidad de pacientes decenas de enfermos, niños y personal médico y paramédico, orden superior que fue ejecutada por el ministro de Defensa, Xavier Ponce, al mando del jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

El 30 de septiembre del 2010, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial, llegando, según la versión del régimen, a retener a Correa en el hospital de la propia Policía Nacional, donde se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.

Rafael Correa fue rescatado horas después en un operativo militar que dejó cinco muertos y en el que, asegura, los soldados fueron recibidos a tiros por los sublevados, incluidos francotiradores.

El gobernante denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo.

El pasado martes el ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que “es falso hablar de que se ordenó el ataque a un hospital, no hay ninguna orden de disparar, lo que se ordenó fue la liberación del presidente que se encontraba retenido”, dijo Ponce, anotando que la operación tuvo un “carácter disuasorio”.

Este lunes, el asambleísta Galo Lara (SP), también anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el presidente Rafael Correa por la violación a los Derechos Humanos en el Ecuador. La fecha no está determinada. Se declaró perseguido del régimen.