Organismos defensores de los derechos humanos de  Argentina y Perú se sumaron este viernes a la condena internacional contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay por haber declarado prescriptibles los crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985) en ese país.

Mediante una declaración divulgada en Montevideo, siete instituciones rechazan y repudian el fallo de la Corte que anularía los juicios a militares y policías responsables de diversos crímenes, que estaban considerados como de lesa humanidad, informó la agrupación HIJOS en su página web.

"El fallo, conocido el viernes 23, constituye un enorme retroceso en términos políticos y jurídicos", dice el documento, firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, HIJOS-Capital y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Argentina; y la Asociación Pro-Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.

De acuerdo con estas organizaciones, "en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia, la lucha política también ha incluido la disputa en el terreno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se ha avanzado en acuerdos que la Suprema Corte desconoce, al utilizar argumentos ya refutados en el plano jurídico".

La decisión de la Suprema Corte "constituye un retroceso en materia de justicia transicional en la región", añadieron.

La resolución, sumada al apartamiento de la jueza Mariana Mota de estas investigaciones, "es un gravísimo precedente que compromete la continuidad del proceso de justicia", dice el texto.

"Es imprescindible que el Estado uruguayo tome las medidas necesarias para garantizar la investigación de estos delitos y de esta manera obtener finalmente justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto", finaliza la declaración.

El pronunciamiento se suma a otros similares conocidos esta semana y suscriptos por los escritores Juan Gelman y Eduardo Galeano y la organización Amnistía Internacional.