Washington. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acusaron este lunes al gobierno peruano de "hostigar e intimidar" a las organizaciones y estudiantes que marcharon en Lima contra la ley laboral juvenil el pasado 29 de diciembre.

Los estudiantes piden al gobierno que derogue la nueva ley, que ofrece un sueldo mínimo para los trabajadores de entre 18 y 24 años, 15 días de vacaciones (la mitad que un trabajador actual) y acceso al seguro social, pero no les otorga compensación por tiempo de servicios, gratificaciones ni reparto de utilidades.

La protesta del 29 de diciembre en Lima fue la tercera que organizaban diferentes sindicatos y organizaciones de estudiantes, entre las que se encontraba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 47 organismos que velan por los derechos humanos en el país.

Esta organización fue víctima de los intentos de "hostigamiento e intimidación" por parte del Ministerio de Interior de Perú y de su titular, Daniel Urresti, según WOLA y CEJIL.

Las organizaciones explican que el 26 de diciembre, tres días antes de la marcha, el Ministerio del Interior denunció ante la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito a 20 personas, que identificó como "responsables" de la manifestación del 29 de diciembre.

Entre los denunciados estaba la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, así como los líderes de algunas de las principales agrupaciones estudiantiles y gremiales del Perú.

CEJIL y WOLA destacan que "la denuncia no se refiere a ningún hecho delictivo" y tenía como objetivo "prevenir los delitos que pudieran ocurrir durante la protesta", de forma que las personas denunciadas podrían ser consideradas responsables penales de los incidentes.

La manifestación que discurrió por las calles de Lima con un ambiente festivo y gran afluencia tuvo un carácter pacífico, así que la denuncia no tuvo efectos sobre las personas que el Ministerio del Interior señaló, agregaron las organizaciones.

Sin embargo, WOLA y CEJIL ven "con preocupación" este tipo de denuncias, que buscan "disuadir y limitar la protesta social y la disidencia", así como "mermar el derecho fundamental de toda sociedad democrática de expresar libre y pacíficamente su acuerdo o desacuerdo con las decisiones y actitudes de sus gobernantes".

"La denuncia representa un uso ilegítimo del sistema judicial penal para criminalizar y estigmatizar las actividades de los líderes de movimientos y organizaciones sociales, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos", lamentó la directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, en el comunicado