Los agricultores y ganaderos rechazan de plano la pretensión del Congreso Nacional de impulsar masivas expropiaciones de tierras.

La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) responderá la próxima a la petición hecha por el Congreso Nacional que pretende de esta forma consensuar el dictamen que reforma la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.“En principio, como observación de carácter general, es oportuno dejar claro que tal como se encuentra redactado dicho anteproyecto, no resuelve en forma sostenible e integral la problemática que el mismo pretende abarcar, ya que carece de componentes que son vitales para que el campesino haga producir la tierra, como planes de inversión con sus respectivas fuentes y condiciones adecuadas de financiamiento y asistencia técnica”, dice un documento en poder de la Fenagh y al cual El Heraldo tuvo acceso.

La reforma, puntualiza, “crea incertidumbre en el agro y además se repite la palabra expropiación, lo cual alienta a potenciales invasores a realizar operativos de invasiones, aunque la Ley de Modernización y la Reforma Agraria ya establece que no se vuelva a retomar el tema”.

Respecto a la  mora agraria, los sectores afiliados a la Fenagh consideran “que ya existe una salida legal, según el decreto número PCM-055-2011 que se le denomina Catastro Nacional Multifinalitario, donde se va a tener un verdadero panorama de la tenencia de tierras en Honduras”.

“El artículo número 1, párrafo tercero, habla de los expedientes iniciados en el INA hasta el 31 de diciembre de 2002, pero luego los extiende a casos especiales o excepcionales iniciados en el período 2003-2006. ¿Quién define cuáles serán esos casos especiales o excepcionales?, ¿A qué se refieren?, preguntan los productores.

Respecto a la recuperación de las tierras nacionales, fiscales, ejidales en poder de particulares, que no están cumpliendo la función social, los sectores vinculados a la Fenagh argumentan que “en algún momento al principio, el tracto sucesivo estas propiedades fueron vendidas por el Estado de Honduras con lo que dejan de tener el calificativo que se les da”.

“En los casos en que las tierras estén eficientemente explotadas por personas naturales o jurídicas no beneficiarias de la reforma agraria, sus ocupantes deberán proceder a legalizar la misma ante el INA mediante compra valorada al justiprecio. Mucha atención con esto, porque aunque se tengan escrituras registradas, el INA puede interpretar que estas tierras no tienen su origen en compras hechas al Estado y que por lo tanto hay que comprarlas de nuevo”, Destacan: “Hay que tener en cuenta que esta ley busca 700 millones de lempiras para financiar la reforma agraria”.

Respecto al justiprecio, los terratenientes dicen que “entre más alto esté registrada la propiedad en el catastro municipal más alto es el promedio para fijar el precio para comprar las tierras. En último caso hay que asegurar que la aplicación del concepto de justiprecio sea en base a una fórmula incorruptible, transparente y equitativa, que no permita preferencias para ninguna de las partes”.