Fernando Herrera, coordinador de los senadores panistas, acusa que hay simulación e incapacidad de gobiernos para aplicar la reforma.

Ciudad de México. El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera Ávila, manifestó que el gobierno federal utiliza la reforma educativa como instrumento de negociación y simulación política; por tal motivo, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, tiene la obligación ética, política e incluso moral de responder a los millones de niños en edad escolar que son víctimas del magisterio en los estados más pobres del país.

(Oaxaca, Guerrero y Michoacán viven) una verdadera tragedia educativa producto de la incapacidad, la falta de firmeza y el disimulo tanto del gobierno federal como de los gobernadores, quienes se han puesto de rodillas ante los vándalos organizados”

En relación con la comparecencia del secretario de Educación, este martes ante legisladores, puntualizó que Oaxaca, Guerrero y Michoacán viven “una verdadera tragedia educativa producto de la incapacidad, la falta de firmeza y el disimulo tanto del gobierno federal como de los gobernadores, quienes se han puesto de rodillas ante los vándalos organizados”.

Ante la suspensión del examen docente en Oaxaca y Michoacán, indicó que el gobierno federal padece un enorme déficit de implementación de reformas, como la educativa, que se aprueban pero no se aplican por falta de firmeza y capacidad. “La tragedia educativa es la más grave para el futuro del país, pues la educación es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza y la marginación”, agregó.

La educativa es una reforma de avanzada que se construyó entre todos los actores políticos para mejorar la calidad de la educación con maestras y maestros más capacitados, permanentemente evaluados y bien remunerados, pero está siendo utilizada como instrumento de negociación y simulación, precisó.

El coordinador de los senadores del PAN recordó que el Congreso de la Unión ya hizo su parte al aprobar en 2013 una reforma de vanguardia y ahora el reto y la obligación del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, especialmente de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, es darle cabal cumplimiento y no crear estados de excepción.