La protesta violenta contra la venta de tierras públicas en la zona franca de Colón, a 80 kilómetros de la ciudad de Panamá, se cobró la segunda víctima fatal en menos de una semana y sus dirigentes, que resolvieron no dialogar con el gobierno hasta que no se derogue la norma que autoriza esas privatizaciones, extendieron hasta este miércoles la huelga.

Nuevos enfrentamientos entre vecinos y policías provocaron la muerte de un manifestante identificado como Andreve Dixon, de 29 años, que cayó en las inmediaciones del cruce de la calle 10 y la avenida Bolívar, informaron el diario local La Prensa y la radio RPC, sin que hubiera hasta esta noche confirmación de parte de autoridades.

Fue el corolario de una jornada tensa, en la que los dirigentes locales rechazaron dialogar con cinco altos funcionarios del gobierno central que viajaron a Colón, y en la que los choques entre manifestantes y policías se extendieron a algunas zonas vecinas.

Como consecuencia, las “fuerzas vivas” resolvieron extender la huelga “por 24 horas más, prorrogables a partir del día miércoles, de no darse la derogatoria de la funesta Ley 72”, según se anunció en un comunicado firmado por la Cámara de Comercio, el Frente Amplio de Colón, la Coordinadora de Transporte de Carga, el Sindicato de la Construcción y el Colegio de Abogados local.

La cuestionada Ley 72, que autoriza la venta de terrenos de la Zona de Libre Comercio (ZLC), fue aprobada por la mayoría oficialista del parlamento y promulgada por el presidente Ricardo Martinelli el viernes 19 de octubre. Ese mismo día, en medio de enfrentamientos armados entre policías y manifestantes, murió baleado un niño de 10 años.

El ministro de Economía, Frank de Lima -uno de los funcionarios que viajaron a Colón-, negó que el intento de diálogo haya fracasado y afirmó que “muchos” de los que se oponen a la ley desconocen su contenido y son víctimas de una “campaña de desinformación”.

Este martes, más temprano, las mismas entidades que prorrogaron la huelga habían advertido que no asistirán a ninguna convocatoria de diálogo promovida por el gobierno hasta que no se derogue la Ley 72.

El gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti, había dado plazo hasta las 13 para iniciar el diálogo con cuatro ministros y una viceministra del gobierno nacional, pero nadie acudió a la cita, mientras continuaban los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

A la vez, se mantuvo con alto acatamiento en el comercio el paro iniciado ayer lunes en la provincia, al que se sumaron hoy los transportistas de cargas, y el Frente Amplio -que aglutina a más de 35 organizaciones políticas y sindicales- convocó a realizar una marcha pasado mañana jueves en la capital del país.

Paralelamente, los choques se extendieron a tramos de la autopista Panamá-Colón, en las comunidades Nuevo San Juan y Gatuncillo, donde vecinos bloquearon la vía y se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional, a quienes lanzaron objetos contundentes. Incluso se escucharon detonaciones, según reportó la prensa local.

En tanto, las bancadas de los partidos opositores Revolucionario Democrático y Panameñista presentaron esta mañana ante el pleno de la Asamblea Nacional (parlamento) un proyecto de ley para derogar la Ley 72, y el directorio de la última fuerza reclamó a Martinelli que retorne de inmediato al país para “dar la cara al pueblo”.

El ministro de Economía, Frank de Lima -uno de los funcionarios que viajaron a Colón-, negó que el intento de diálogo haya fracasado y afirmó que “muchos” de los que se oponen a la ley desconocen su contenido y son víctimas de una “campaña de desinformación”.

“Mañana (miércoles) vamos a estar de vuelta aquí para sentarnos y conversar; el Gobierno ha dado una muestra de su buena fe; tenemos que sentarnos a conversar sin precondiciones todas las partes”, añadió Lima.

Mientras todo eso ocurría en Panamá, Martinelli destacaba en Tokio el potencial de su país como destino de inversiones.

El mandatario, que se presentó como “un hombre de negocios”, subrayó el “maravilloso” crecimiento de su país en los últimos cinco años, en los que el producto bruto interno se expandió a un ritmo superior a ocho por ciento anual, reseñó la agencia española EFE.

En la zona franca de Colón trabajan unas 30.000 personas en más de 3.000 empresas que están exentas de la obligación de pagar impuestos. Los principales destinos de las mercaderías reexportadas desde allí son Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.