Ciudad de México. Los subsidios a la gasolina son regresivos, pues benefician principalmente a los estratos de la población con más altos ingresos y, además, perjudican el medio ambiente y la salud de la población, asevera el documento “Aspectos relevantes sobre la liberalización del precio de las gasolinas y el diesel en 2017”, realizado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

"El subsidio a la gasolina genera tres grandes costos a la sociedad: la contaminación atmosférica, que ocasiona problemas de salud a los habitantes; la congestión vehicular, que eleva los costos en productividad y, en tercer lugar, están los accidentes con costos en vidas humanas y discapacidades físicas”, precisa el informe.

Además el estudio señala que con el subsidio se transfieren recursos fiscales a la población de los estratos de mayores ingresos que se distribuyen en función de la capacidad de consumo de los hogares, es decir, los subsidios energéticos llegaron a representar, en promedio, 11% del ingreso de los hogares en el decil más pobre, pero sólo 2% para los de mayores ingresos.

"La eliminación de los subsidios debía llevarse a cabo sustituyéndolos por instrumentos más progresivos a fin de no dañar a los estratos más pobres a través de programas como Oportunidades, Seguro Popular y 70 y más”, apunta el documento.

El informe precisa que de 2006 a 2012 el subsidio a los energéticos representó un monto acumulado de 14% del Producto Interno Bruto (PIB), situación que limitó la inversión pública y la sostenibilidad fiscal y ambiental.

Ante las manifestaciones por el alza de los combustibles, derivado del retiro del subsidio al costo de la gasolina, el documento señala que, aunado al retiro del apoyo gubernamental, deben establecerse impuestos que se destinen a financiar transporte público masivo y fortalecer los programas sociales que promuevan una mejor distribución del ingreso entre la población.

Asimismo, el análisis indica que, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social deben evaluar la conveniencia de instrumentar programas de apoyo focalizados que contribuyan al adecuado suministro de combustibles básicos, a precios asequibles, en zonas rurales y urbanas marginadas.

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, urgió al gobierno federal a incrementar el salario mínimo ante el incremento a los precios de los combustibles, ya que este aumento eliminó su poder adquisitivo.

“Según Navarrete, el alza en la gasolina golpeará en alrededor de 3%, en términos reales, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, lo cual es prácticamente el mismo porcentaje que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos avaló para todo este año y que fue de 3.9%”, señaló el legislador del sol azteca.

De acuerdo con el diputado perredista, el aumento salarial debe priorizarse como una emergencia ante las advertencias que el sector privado ha hecho sobre los retos que tendrá que enfrentar el país este año.

“El gobierno federal debe echar abajo el gasolinazo y, conjuntamente, decretar un aumento salarial de emergencia para hacer frente al alza de productos básicos como la tortilla, el pan y el huevo, que ya comenzaron a sufrir ajustes sin que la autoridad pueda tomar control”, destacó el legislador.