“La falta de reglamentación al acceso a la información permite al presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto, seguir poniendo trabas al acceso a la información pública. Continúa dilatando la respuesta a una solicitud de datos sobre el trabajo los parlamentarios, remitida por el diario Abc Color, cuya publicidad debería estar garantizada, según establece la Constitución Nacional”, indica un comunicado del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Más adelante señala que la OEA sugirió desarrollar procesos para la recepción de solicitudes de este tipo, también para responder o aplicar sanciones en caso de que no se otorguen los datos públicos solicitados.

“Estos procesos, de existir, serían de aplicación inmediata en casos como el de Abc, ya que el medio de comunicación había remitido dos notas a las Cámaras del Poder Legislativo, el 19 de octubre pasado, preguntando sobre las ausencias, proyectos presentados, viajes realizados, viáticos cobrados. Luego de dilatar la respuesta, el presidente del Senado busca ahora poner la respuesta a consideración de la plenaria. Sin embargo, se trata de información pública a la que la ciudadanía debería tener acceso”, agrega.

El CEJ aconseja tomar en cuenta el informe de expertos de la OEA para las instituciones estatales y evitar la burocracia que impide acceder a información pública en tiempo oportuno y vulnera el artículo 28 de la Constitución Nacional.

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la OEA indicó que el Poder Legislativo tuvo un gran retroceso en materia de acceso a la información pública.

Se refieren a una resolución Nº 519/2011 que indica que los documentos de la Cámara Alta “serán concedidos previa autorización expresa del presidente del Senado”. Dicha disposición fue calificada de arbitraria y como un abuso de autoridad.