Unos 300 productores dijeron que ya están cansados y el conflicto que mantienen con la empresa Benita SA podría convertirse en “otro Curuguaty”, expresó Aurio Frighetto, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, durante el “minitractorazo” que realizaron frente a las 1.005 hectáreas en litigio.

Unos 300 colonos de origen brasileño, con sus respectivas maquinarias, se instalaron primero al borde de una de las propiedades afectadas y luego marcharon hasta el acceso a la firma. Por el trayecto, una camioneta negra, con chapa BAH 766, con cinco agentes de la Agrupación Ecológica y Rural, les cerró el paso.

Sólo uno de los uniformados tenía un portanombre y todos ellos estaban fuertemente armados. Se trata de Blas Gavilán, quien estaba en aparente estado de ebriedad. El efectivo policial ni siquiera podía pararse. Un poblador del lugar, Janilson Alves Dos Santos, confirmó que “estuvieron bebiendo durante toda la noche”.

En el local de la firma, los periodistas que acompañaban la movilización no fueron recibidos. El representante de Benita SA es el abogado Gustavo Bogado, quien en reiteradas ocasiones aseguró que cuentan con el título de propiedad de las 1.005 hectáreas de tierras.

El conflicto en la zona data de hace más de 10 años. Actualmente, los productores no pueden ingresar a sus propiedades y en menos de dos meses debe comenzar la época de siembra de la soja, manifestó Frigheto.

Agregó: “Estamos haciendo lo imposible para apaciguar los ánimos, pero es difícil pedirles que soporten más tiempo, siendo que las tierras que les arrebataron son las únicas que tienen”.

Los manifestantes exigen a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre un pedido de inconstitucionalidad planteado por los representantes de Benita SA contra una resolución de la Cámara de Apelaciones que falló a favor de los colonos.

El abogado de los afectados, Rolando Cáceres, mencionó una vez más que el presidente de la República, Federico Franco, tiene intereses en el tema. Supuestamente tiene relaciones de amistad con los directivos de Benita SA y está ejerciendo presión para que se “cajonee el expediente en la Corte, porque los documentos favorecen a los colonos”.

Cerca de 100 familias están afectadas por la situación. La mayoría vive en la zona hace casi 40 años. Ronei Heck, propietario de 102 de las 1.005 hectáreas del inmueble en conflicto, dijo que están con miedo, ya que son frecuentemente amenazados de muerte por personas allegadas a Benita SA, pero que “seguirán luchando porque esas tierras son los únicos bienes que tenemos”.

Por su parte, Rosemar Gloger dijo que las pérdidas en sus cultivos, por ejemplo del maíz, rondan los US$800 dólares por hectárea. Sostuvo que  70% de las siembras llegaron a perder porque ni siquiera pudieron fumigar porque fueron impedidos con tiros de armas de fuego ingresar a sus propiedades.