Asunción. Paraguay levantó este lunes el estado de excepción que había impuesto hace un mes en el norte del país y el gobierno dijo que había aumentado la sensación de seguridad en la zona, pese a no capturar a los líderes de un grupo armado de izquierda que esperaba desbaratar.

La medida decretada a fines de abril dio poderes especiales al presidente socialista Fernando Lugo para combatir al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) vinculado a la guerrilla colombiana FARC y responsable de secuestros y asesinatos que conmocionaron al país.

"Somos conscientes de que tenemos que reforzar el trabajo. La idea nuestra es que la presencia militar continúe. Los resultados son positivos porque la gente se siente más segura", dijo el ministro del Interior, Rafael Filizzola.

El gobierno desplegó 3.300 policías y militares en los departamentos San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes en los que opera la banda, un territorio de producción ganadera donde también se cultivan miles de hectáreas de marihuana al año.

Las autoridades dijeron que el operativo tenía como objetivo aumentar la seguridad en una zona históricamente olvidada por el Estado paraguayo, en un intento de disminuir la presión sobre el mandatario que transita por aguas turbulentas en su segundo año de mandato.

Lugo dijo el fin de semana que no pediría una prórroga del estado de excepción al Congreso pero buscará mantener la presencia militar, algo que fue bien visto por los pobladores.

"Nos han comentado los gobernadores que ha mejorado la seguridad, los robos, el abigeato", señaló el titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa.

Pero la falta de resultados respecto a la captura del pequeño grupo que muchos temen pueda convertirse en una guerrilla disparó las críticas de otros legisladores que acusan a Lugo de ser incapaz de trasmitir tranquilidad a la gente.

"Los resultados del estado de excepción han sido muy escasos, magros y pobres. Ha sido una gran decepción", dijo el diputado del partido Patria Querida, Carlos Soler.

"No hubo entendimiento entre las fuerzas conjuntas que han sido cualquier cosa menos conjuntas. Esto significó un desgaste innecesario de recursos humanos e infraestructura", agregó.

Poco tiempo. Las fuerzas conjuntas informaron que durante el estado de excepción detuvieron a 167 personas de las cuales 93 tenían orden de captura, mientras legisladores oficialistas aseguraban que el tiempo de 30 días concedido por el Congreso fue insuficiente para dar con los miembros del EPP.

"El EPP existe hace 12 años, entonces que no nos quieran hacer cargar a nosotros nomás el costo de la existencia de este grupo de criminales", dijo la diputada Desiré Masi.

"A este gobierno se le pretende poner plazos y creo que esto es un oportunismo político descarado. Este gobierno lo que hizo es poner al EPP como algo prioritario y asumimos el costo político de haberlo puesto en nuestra agenda", agregó la legisladora, quien es esposa del ministro del Interior.

Uno de los incidentes que dejó reflejada la descoordinación de las fuerzas fue un enfrentamiento a tiros entre policías y militares en las afueras de una comisaría, cuando los efectivos castrenses buscaban capturar a una jefa del grupo.

Lugo presentará un informe sobre el estado de excepción este martes en Concepción, antes de viajar a Buenos Aires donde participará en los festejos del vecino país por el bicentenario de su primer gobierno patrio.