Asunción. “La posición que tiene el presidente Lugo es la de promulgar el estado de excepción”, manifestó en la víspera el responsable de la seguridad interna del país.

Fue al ser consultado sobre la postura que tendrá el Poder Ejecutivo referente a la decisión adoptada por el Poder Legislativo al sancionar el proyecto de legislación a ser aplicado en los territorios departamentales de San Pedro y Concepción.

Todo depende de la celeridad con que pueda actuar el Legislativo en este caso para efectivizar la nueva ley que servirá para poner en acción mecanismos de seguridad que buscarán acabar con la actividad del EPP, señaló el encargado del Ministerio del Interior.

Compromiso. Filizzola sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene el compromiso de cumplir con la legalidad y acatar la decisión adoptada por el Congreso nacional. “Todo se hará conforme a la ley”, enfatizó el secretario de Estado.

Según la norma aprobada por los legisladores, el estado de excepción deberá aplicarse por un plazo “máximo de 60 días”, conforme a lo que dispone el artículo 288 de la Constitución Nacional.

Detenciones por decreto. Durante la vigencia de la medida, el Poder Ejecutivo podrá ordenar detenciones de personas sospechosas de atentados contra las instituciones nacionales.

El estado de excepción tampoco podrá interrumpir el funcionamiento de los poderes del Estado y regirá en forma total y permanente la Constitución Nacional garantizándose al mismo tiempo la institución del hábeas corpus, de acuerdo a explicaciones brindadas por legisladores que aprobaron la medida.

Militares. La ley del estado de excepción igualmente permitirá la movilización de efectivos militares en las regiones afectadas por la norma, conforme lo dispuesto por la nueva ley que sería promulgada por el Presidente de la República.

En recientes multitudinarias manifestaciones callejeras, pobladores de los departamentos de Concepción y San Pedro exigieron seguridad en estos territorios y solicitaron la salida y urgente intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación para terminar con el accionar del EPP.

Al citado grupo armado de extrema izquierda se atribuyen secuestros, asesinatos de efectivos de la Policía y civiles, entre otros delitos perpetrados en los últimos años, especialmente en el Norte del país.