Montevideo. El Parlamento de Uruguay aprobó este jueves una ley que permitirá juzgar a los militares que cometieron delitos durante la dictadura de 1973 a 1985 y que estaban protegidos por una amnistía.

La coalición de izquierda que respalda al presidente José Mujica, un ex guerrillero en las décadas de 1960 y 1970 que estuvo preso por varios años, alcanzó su objetivo tras múltiples intentos fallidos y luego de un tenso debate de casi 12 horas en el Parlamento.

El Frente Amplio impulsó la nueva ley después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminó en mayo en un caso particular que los crímenes cometidos durante el régimen militar son delitos comunes y no de lesa humanidad.

El fallo sentaba un precedente para considerar que las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar dejarían de ser punibles desde el 1 de noviembre próximo.

"Es histórica esta noche. Es un triunfo no del Frente Amplio, sino de la democracia (...) La cultura de la impunidad que impusieron durante 25 años hay que ir desmantelándola y cambiándola por una cultura de derechos humanos", dijo a Reuters el diputado oficialista Luis Puig.

La nueva ley, que considera los crímenes durante la dictadura como de lesa humanidad, implica un nuevo argumento jurídico para quitarle fuerza a la vigente Ley de Caducidad de 1986, que exime a los militares de ser enjuiciados.

A pesar de esta amnistía, una decena de militares fueron puestos en prisión, entre ellos el dictador Gegorio Alvarez. También fue procesado el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, que falleció en julio.

Pero, decenas de miembros de las Fuerzas Armadas durante el gobierno militar nunca fueron juzgados.

Contrareloj. Los delitos comunes prescriben en Uruguay tras un período de tiempo, por lo que los mismos habrían caducado en noviembre de no haber sido aprobada la nueva normativa.

Ante este nuevo escenario, juristas han advertido que es esperable que resurjan investigaciones antes limitadas por la amnistía y que la justicia reciba nuevas denuncias.

Alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares en la época, en tanto otros debieron exiliarse.

Unas 130 denuncias recientes sobre delitos de lesa humanidad se sumaron a los más de 80 casos de los que ya se tenía conocimiento. El viernes se hallaron restos de desaparecidos en un cuartel militar en el marco de excavaciones oficiales que se realizan desde el 2005.

Un fallo contra Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asentó en mayo que no puede limitarse la investigación de las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, los militares retirados pedirán ante la Justicia el archivo de los casos y denunciarán los delitos cometidos por 34 ex guerrilleros durante la dictadura.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, podría ser sancionado por Mujica por declaraciones el miércoles acerca de que esta ley imposibilitará que los militares aporten datos, ya que ahora existe el riesgo de que sean encarcelados.

La oposición uruguaya no acompañó la iniciativa votada el martes en el Senado y el miércoles en la cámara de Diputados por considerar que se está yendo en contra de la voluntad de la ciudadanía.

En 1989 y el 2009 se realizaron dos consultas populares donde la mayoría votó por no derogar la Ley de Caducidad, pese a los reclamos de organizaciones a favor de los derechos humanos y de familiares de detenidos-desaparecidos.

"Se trata de desconocer lo votado por el Parlamento y ratificado por el pueblo dos veces. Se borra con el codo lo que se escribió con la mano", dijo el diputado del opositor centroderechista Partido Nacional, Gustavo Borsari.

"Con la Ley de Caducidad se puede seguir investigando. Nosotros, los iluminados, vamos a derogarla por encima del pueblo uruguayo", ironizó el legislador.

El Frente Amplio intentó en mayo derogar la polémica ley, pero la votación no prosperó ya que un diputado oficialista, disconforme con la propuesta, se retiró de sala evitando que se alcanzaran los votos para su aprobación.

El politólogo Oscar Botinelli de la consultora Factum, dijo a Reuters que este asunto no despertó en la ciudadanía un interés tan grande como sí lo hizo el debate por la anulación de la amnistía y relativizó los efectos que tendrá.

"Si (la Justicia) considera que (la nueva ley) es constitucional, el oficialismo sale bien parado, (si no) queda saliendo doblemente mal parado por no respetar las consultas populares", opinó.