El éxito del Sistema de Justicia Penal Acusatorio está sujeto a resultados de calidad, superar debilidades y asimetrías institucionales, así como lograr contrapesos políticos para lograr que las autoridades contribuyan a un sistema penal democrático, concluyeron especialistas en procuración de justicia.

Figuras constitucionales como el arraigo y la prisión preventiva son un obstáculo para el sistema acusatorio que entró en vigor el 18 de junio del 2016, además de contravenir con estándares internacionales, coinciden expertos como Jorge Gutiérrez Muñoz, de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales, y María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, César Camacho, expuso que el arraigo se introdujo por una necesidad coyuntural en busca de eficacia. Agregó que es necesario que el Estado mexicano esté listo para que esa figura deje de existir.

Durante el primer día del foro “Nuevo sistema de justicia. ¿Qué falta para su consolidación?”, convocado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, María Novoa, del CIDAC, planteó una falta de estrategia articulada durante los ocho años que duró la etapa de implementación de este sistema. “Nos ganaron los tiempos”, lamentó.

El presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, explicó que es labor de la Cámara Alta armonizar las leyes que conformen un nuevo sistema nacional de justicia, el cual habrá de conjuntar tanto el Sistema Penal Acusatorio en proceso como el de Justicia Cotidiana, recientemente propuesto por el Ejecutivo federal.

Señaló la necesidad de evaluar si de manera efectiva el mecanismo tiene una perspectiva de derechos humanos.

“Estamos viendo todavía violaciones sistemáticas de derechos de los imputados”, argumentó.

Asimismo, Novoa destacó la necesidad de planear políticas públicas que permitan articular el sistema acusatorio penal a nivel nacional, así como reforzar la defensa pública, para alcanzar mejores resultados en la aplicación del derecho y en la protección de las garantías.

En su turno, el coordinador de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, Martín Sánchez Bocanegra, dijo que hay avances en la implementación del nuevo sistema penal; sin embargo, desde la sociedad civil se ha establecido la necesidad de plantear en la mesa de discusión aquellos obstáculos que se enfrentan en la práctica, para la debida y eficaz aplicación de la justicia.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, advirtió por su parte que de nada servirá el mejor diseño legislativo si no se ofrecen resultados inmediatos sobre justicia de calidad.

“De nada sirve contar con el mejor diseño legislativo, la construcción de modernos edificios y la formación de personal altamente capacitado, si al final del día no se traducen en una atención pronta, completa, eficiente y digna, en todos y cada uno de los casos sometidos a la jurisdicción del Estado”, alertó el ministro en representación del tribunal constitucional.

La directora de Proyectos del Instituto de Justicia del Proceso Penal, Ana Dulce Aguilar, señaló por su parte que en la articulación del sistema nacional de justicia deberá reflexionarse en cómo evitar que se vulneren los derechos humanos, incluso en lo establecido en los tratados internacionales firmados por México.

Desde la perspectiva de las garantías fundamentales, agregó, uno de los grandes retos son las figuras de arraigo y prisión preventiva porque restringen la libertad personal y presunción de inocencia.

Destacó también la necesidad de conseguir contrapesos políticos para lograr personajes que contribuyan a un sistema penal democrático, ya que de lo contrario puede haber riesgo de simulación.

El presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, explicó que es labor de la Cámara Alta armonizar las leyes que conformen un nuevo sistema nacional de justicia, el cual habrá de conjuntar tanto el Sistema Penal Acusatorio en proceso como el de Justicia Cotidiana, recientemente propuesto por el Ejecutivo federal.

Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo es la creación de la Ley de Justicia Cívica, para la resolución pronta de conflictos menores entre particulares, como accidentes leves de tránsito, así como la Ley de Justicia Itinerante, que prevé conformación de caravanas de jueces que acudan a sitios recónditos para la solución de conflictos vecinales.

En su turno, el diputado César Camacho Quiroz informó que entre 2010 y 2016, la Cámara Baja asignó más de 5.000 millones de pesos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los cuales 81% se destinó al nuevo modelo de justicia.

A través de Banobras, añadió, se han asignado 5.000 millones de pesos más para que las entidades federativas implementen el sistema de justicia, en particular para capacitación del personal de policía, del sistema penitenciario, ministerios públicos, jueces, peritos, entre otras acciones.

Este año el Poder Judicial no registró reducción de su presupuesto para avanzar en la reforma de justicia laboral (que será jurisdiccional) y proseguir con la implementación del Sistema de Justicia Penal, indicó el diputado.