El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron la semana pasada en Cuba a firmar a más tardar en seis meses un acuerdo para acabar el violento conflicto armado.
La participación en política activa de los líderes de la guerrilla de las FARC que se sometan a un tribunal como parte del acuerdo de paz y que reciban sanciones penales es un tema sin resolver aún, dijo este lunes el jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron la semana pasada en Cuba a firmar a más tardar en seis meses un acuerdo para acabar el violento conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
También acordaron crear un tribunal que impondrá sanciones de entre cinco y ocho años a los miembros de la insurgencia y de las Fuerzas Armadas del Estado responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Es un tema que aún no ha sido resuelto", respondió de la Calle cuando se le preguntó si los máximos líderes rebeldes podrían participar en política activa así reciban sanciones.
Todos los jefes de las FARC, incluido su máximo comandante Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", enfrentan cargos por secuestros, masacres, asesinatos y desapariciones forzadas, por los que no podrán recibir amnistías y tendrían que someterse a restricción de la libertad en un sitio específico, austero y vigilado.
La legislación colombiana ordinaria contempla que las personas que sean condenadas después de un juicio quedan automáticamente inhabilitadas para ser elegidas en cargos públicos o para votar en cualquier elección.
Pero el acuerdo de paz que se pretende firmar a más tardar marzo, busca que la guerrilla deje las armas y se convierta en un movimiento político.
"Es un momento importante en el proceso, pero tampoco podemos ocultar que faltan decisiones por tomar y elementos por resolver", aseguró de la Calle, quien mencionó que se debe llegar a un acuerdo sobre un cese al fuego bilateral que incluye la concentración de la guerrilla y la dejación de armas.
Pese al acuerdo de la semana pasada sobre justicia, el más álgido de la negociación, no se ha aclarado si los guerrilleros recibirán amnistías por narcotráfico y si quedarán a salvo de ser extraditados a Estados Unidos.
"Es un acuerdo en desarrollo, en tal sentido aún faltan por determinar, por concluir, decisiones que no se han adoptado", expresó de la Calle.
