México DF. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en conflicto de interés en las compras de casas a contratistas del Gobierno, informó este viernes la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La entidad también investigó la compra de un lujoso inmueble por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, pactada en 2012 con una de las empresas, pero determinó que no hubo una participación indebida de funcionarios y aclaró que ella no es funcionaria pública.

El secretario Virgilio Andrade dijo que Rivera, una actriz de telenovelas, regresó en diciembre pasado la posesión de la mansión a la constructora Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a la que había pagado hasta esa fecha 14,6 millones de pesos (unos US$873.000) de los 54 millones (US$3,2 millones) que costaba el inmueble.

Afirmó que la primera dama había pagado con cheques de su cuenta personal y que al término del contrato de posesión pagó 10,5 millones de pesos (US$629.691) de renta por el tiempo que usó la casa.

Andrade dijo que en el caso de Peña y Videgaray, ambos compraron las respectivas casas investigadas antes de convertirse en funcionarios federales en diciembre del 2012 y no participaron directamente en procesos licitatorios.

"Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden", dijo Andrade en una nutrida rueda de prensa.

El Gobierno de Peña, cerca a cumplir la primera mitad del sexenio, ha sido criticado por los escándalos vinculados a las compras de las casas, la persistente violencia desatada por el crimen organizado y el pobre desempeño de la economía a pesar de haber sido aprobadas varias reforma estructurales.

La SFP dijo que investigó 33 contratos federales con empresas propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, visto como cercano al Gobierno, en el marco de la investigación de conflicto de interés entre funcionarios y el Grupo Higa.

Dicho grupo, a través de su unidad Constructora Teya, forma parte de un consorcio que había ganado en noviembre la licitación para construir el primer tren de alta velocidad para pasajeros en México, un proyecto valorado en US$3.750 millones.

Sin embargo, el resultado de la licitación fue revocado sorpresivamente días después tras las críticas sobre el supuesto favoritismo hacia las empresas locales del consorcio, liderado por la gigante China Railway, que fue el único postor en la licitación.