Lima. La reciente acción de inconstitucionalidad presentada contra la nueva Ley Universitaria busca defender los intereses personales de un grupo de congresistas, afirmó el legislador Daniel Mora, quien presidió la Comisión de Educación del Congreso.

Indicó que era de esperarse una acción de esta naturaleza porque “el poder del bolsillo no podía quedarse tranquilo”, pese a que se trata de una reforma que también recibió el respaldo de algunas universidades privadas.

“La ley tiene un 73% de aprobación. (Estos congresistas) van contra la corriente, solamente están cuidando los intereses personales, sus bolsillos, sin pensar realmente en la importancia que tiene la educación en el país”, precisó, en declaraciones a la Agencia Andina.

En ese sentido, el parlamentario consideró que se trata de “manotazos de ahogado” y dijo que él y otros impulsores de esta nueva norma estarán preparados para abordar el tema, cuando se discuta en el Tribunal Constitucional (TC).

Un grupo de congresistas de diversas bancadas presentó en la víspera una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Universitaria, basándose en una supuesta vulneración de al menos 10 artículos de la Constitución.

Al respecto, Mora Zevallos señaló que “daba vergüenza la forma tan desesperada cómo defienden un interés personalísimo, por encima de los intereses nacionales”.

“Creo que están en su derecho de hacerlo. Nosotros hemos hecho esto con todas las de la ley, hemos hecho las consultas correspondientes a los organismos constitucionales y también se ha debatido sobre la autonomía, que está claramente establecida en la ley”, refirió.

Más adelante, el legislador comentó que, tras la promulgación de esta ley, el congresista José Elías, dueño de la Universidad San Juan Bautista, estaba buscando firmas para presentar esta acción de inconstitucionalidad.

Agregó que la lista de la oposición a la Mesa Directiva del Congreso estaba conformada por dos vicepresidentes ligados a otras dos universidades: Joaquín Ramírez (Alas Peruanas) y Rosa Núñez de Acuña (U. César Vallejo).

“Esta Mesa Directiva de la oposición tenía como primera acción, si obtenía la votación, derogar la Ley Universitaria. Felizmente que perdió esta lista”, remarcó.

En otro momento, sostuvo que el TC debe resolver conforme a la Constitución, que en su artículo 16 indica “claramente" que el Estado tiene la obligación de supervisar la calidad educativa.

“Y con esto es más que suficiente como para poder dar la negativa a esta acción de inconstitucionalidad”, precisó.

Asimismo, consideró que el nuevo colegiado del organismo constitucional “es idóneo” y actuará de acuerdo con la Constitución y la ley porque se trata de magistrados “honorables y profesionales para evaluar estos casos con profunda imparcialidad”.