El procurador anticorrupción, Joel Segura, señaló que la justicia boliviana no debe levantar el arresto domiciliario que cumple Martín Belaunde Lossio en La Paz, porque haberse declarado improcedente el pedido para extraditarlo no lo absuelve de proceso alguno.

“Alegaremos ante el Estado boliviano que lo que ha decidido la Corte Suprema a través de la Sala Penal no es algo definitivo. Al señor no se le ha absuelto, lo que hay es una observación a un cuadernillo de extradición”, advirtió.

Explicó que el fallo de las autoridades peruanas ha puesto el tema “en una situación bastante complicada”, sin embargo, confía en la labor que la representación nacional realizará en La Paz ante la pretensión de Belaunde Lossio de pedir la liberación inmediata de su patrocinado.

Sobre el futuro de la estrategia peruana para repatriar a Belaunde Lossio, Segura expresó que en las próximas horas se reunirá con representantes de la Fiscalía para abordar algunas medidas que serán anunciadas la semana entrante.

“El dictamen de la Sala Penal Nacional no es algo definitivo. Se puede reconducir muy bien, a partir de algunos elementos y la estrategia que trabajaremos esta semana”, adelantó.

Martín Belaunde Lossio es requerido por la justicia peruana por su presunta vinculación en el caso “La Centralita”, que comprende presuntos actos de corrupción en el gobierno Regional de Áncash.

El pasado viernes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de extradición a Belaunde Lossio porque los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, formulados en dicha solicitud, no son compatibles con los tratados de extradición vigentes entre Perú y con Bolivia.

La defensa legal de Belaunde Lossio considera que, luego de esa decisión, ya no existe ningún argumento para mantener al empresario bajo arresto, pues la Corte Suprema de Justicia de Perú falló en contra de la repatriación.

El tribunal de justicia de Bolivia dictó y ratificó la semana pasada la prisión domiciliaria a Belaunde Lossio, mientras se determina su situación legal y también fijó un plazo hasta el 21 de marzo próximo para que Perú formalice la solicitud de extradición.

Anteriormente, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia rechazó la petición de asilo del empresario.