Lima (Andina). La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) instó este martes a no ceder en el cobro de tributos por más de dos mil millones de soles (más de US$727 millones) que Telefónica adeuda al fisco y espera que los tres poderes del Estado hagan cumplir el pago de esa deuda.

“Aquí tiene que pagarse los impuestos, como cualquier otra empresa. El gobierno central, el Congreso y el Poder Judicial deben hacer frente un común”, opinó el vicepresidente del mayor gremio sindical peruano, Olmedo Auris.

Según dijo, la transnacional de origen español no solo tiene serios cuestionamientos en torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino también en el área laboral con sus trabajadores y con los usuarios del servicio telefónico debido a sobrecargos en la facturación.

Criticó que pese a “todas las facilidades otorgadas” a Telefónica durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para el inicio de sus operaciones, la empresa incumpla con el pago de esta deuda tributaria, a diferencia de otras compañías nacionales y extranjeras.

“Aquí debe combatirse los lobbies (…) y evitar que se evada el pago de impuestos”, expresó.

Consideró que el Poder Judicial debe demostrar su más absoluta imparcialidad y respeto a la ley, ante las acciones legales contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal para evitar el pago de impuestos.

Auris añadió también que las bancadas del Congreso tienen la obligación de actuar con respeto a los intereses del país, y evitar las presiones del lobby económico que eventualmente pueda ejercerse a fin de lograr la renovación de la licencia de operación sin el pago de esta deuda.

Sostuvo que, además, el Poder Ejecutivo debe mantener su fortaleza en este tema.

Según el representante de la CGTP, Telefónica necesitaría quedarse en Perú debido a la fuerte crisis que enfrenta su oficina principal en España, donde la economía de la nación europea sufre una seria depresión.

Además, recordó que la compañía, desde el inicio de sus operaciones en Perú desde el 2002, tuvo cuestionamientos por los sobrecargos en la facturación mensual, con conceptos inexistentes de servicios, llamadas fantasmas, redondeos abusivos de cifras a pagar, etc.