La Paz. El ex prefecto paceño, Luis Alberto Chito Valle, llegó a la capital boliviana en la madrugada de este miércoles, tras la decisión del gobierno del Perú de expulsarlo luego de mantenerlo detenido por 11 días en una cárcel de Lima. La ex autoridad, acusada de malversar US$22 millones, fue recluida en el penal de San Pedro.

Luego de mantener en reserva la información sobre el trámite que realizó el gobierno ante el Perú para pedir la devolución de Valle al país, en la noche de este martes el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la viceministra de Transparencia, Gabriela Veizaga, anunciaron el arribo de Valle para la madrugada, tras el envío de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a Lima para que lo trasladara.

Llorenti, Veizaga, además del gobernador de La Paz, César Cocarico, llegaron a instalaciones del Grupo Aéreo de Caza (GAC) pasadas las 00.30. En la madrugada hubo un movimiento inusual en esa base aérea, lugar al que la ex autoridad arribó a las 3.10 en la aeronave FAB 018, junto al embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, y otros funcionarios bolivianos.

Al bajar de las gradas del avión, Valle se desplomó y tuvo que ser sostenido de los brazos por oficiales de la Policía. Al pisar el suelo, nuevamente estuvo a punto de caer de rodillas, por lo que los uniformados tuvieron que arrastrarlo hasta una vagoneta color plomo que aguardaba en el lugar.

La ex autoridad vestía una chamarra y botas cafés, pantalón, guantes y gorro negro, y encima un chaleco antibalas color negro; permanecía enmanillado. Además, se notaba visiblemente demacrado.

El traslado de Valle desde El Alto al penal de San Pedro estuvo escoltado por una ambulancia, dos camionetas y una veintena de policías de la UTOP en motocicletas, en medio de una llovizna, tras la caída de una granizada y nevada en El Alto.

Cocarico explicó que Valle enfrentará el juicio de responsabilidades que está pendiente y adelantó que el proceso puede terminar en dos días. Sin embargo, admitió la posibilidad de retrasos en la medida que su defensa interponga recursos para alargar el proceso que está en la fase de alegatos.

Sostuvo que se pedirá su reclusión en el penal de Chonchocoro y que se le aplique la nueva Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para que su condena sea de 10 a 12 años de prisión. “La justicia llega tarde o temprano”, dijo. Además, anunció el inicio de otro juicio contra los “palos blancos” de Valle, una vez que concluya el proceso.

Una vez que la caravana de vehículos llegó hasta el penal de San Pedro, Chito Valle bajó de un vehículo y nuevamente se desplomó y cayó en brazos de los policías, que una vez más lo arrastraron en su ingreso al penal. El ex prefecto lanzaba quejidos.

En una improvisada rueda de prensa, Llorenti destacó que esta es una muestra de que en el país “se hace justicia”, mientras que la viceministra Veizaga agradeció al Gobierno peruano por haber expulsado a Valle.

La ex autoridad está acusada de malversar US$22 millones del Estado, cuando fue prefecto de La Paz (1997-1999) en el gobierno de su suegro, Hugo Banzer. “Es importante recordar que la denuncia que se interpuso contra el señor Valle data del año 2001 y que bajo ninguna circunstancia se trata de ningún tipo de persecución política, ya que estamos hablando de un acto de justicia, estamos hablando de un acto de lucha contra la corrupción y creemos que, por supuesto, el tema no sea politizado de esa forma”, manifestó el ministro de Gobierno.

En la noche de este martes, antes del arribo del ex prefecto, el embajador del Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez, confirmó la expulsión de Valle y aseguró que su gobierno evitó que Bolivia siga el camino largo de la extradición.

Habilitarán horas extras. La Corte Suprema de Justicia habilitará horas extras para juzgar al ex prefecto Alberto Chito Valle, ya que la máxima instancia judicial del país está sobrecargada con otros dos juicios de responsabilidades que lleva adelante: Octubre Negro y el proceso contra dos ex vocales de La Paz.

Perú dice que cooperó para echar al ex prefecto. El embajador del Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez, afirmó que su gobierno buscó, dentro de su ordenamiento legal, la figura jurídica que permitiera la expulsión de Luis Alberto Chito Valle, para que no prospere un proceso largo de extradición que solicitó la Fiscalía de Bolivia.

“Hoy (ayer) se produjo un acto administrativo muy importante en el cual se retiró el pedido inicial de extradición y las autoridades del Perú han procedido, de inmediato, a la expulsión del señor Luis Alberto Chito Valle”, declaró.

El diplomático relató que como la solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de Bolivia con fines de extradición, la Policía de su país, cumpliendo inmediatamente con su legislación, lo había puesto a disposición del juez luego de su aprehensión.

Manifestó que durante los últimos 12 días se vino trabajando con el canciller boliviano, David Choquehuanca, y con otras autoridades bolivianas para que se dé el desistimiento de la extradición y, en función de una resolución ministerial que el día viernes adoptó el gobierno del Perú, se procedió a realizar todos los actos legales, jurídicos y administrativos que han posibilitado que se concrete la expulsión de ‘Chito’ Valle, por encontrarse en ese país “en una situación migratoria irregular”.

“Estas acciones las hemos realizado primero por la convicción del Estado peruano de que la lucha contra la impunidad y la corrupción es un mandato constitucional, y con la convicción de que una relación como la que existe entre Perú y Bolivia debe expresarse también en actos para contribuir a que la impunidad y la corrupción puedan ser procesadas y sancionadas en Bolivia”, señaló.

Proceso por Fademin.  Durante la gestión del ex prefecto fueron adquiridos terrenos y equipos que pertenecían al ex Banco Minero por un valor de US$7.177.964, los que no se terminaron de pagar. Una parte fue transferida a la Fundación de Asistencia y Desarrollo de la Minería (Fademin) por apenas US$170 mil. La Fiscalía determinó que se cometieron tres delitos: resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Muebles de La Cuisine. Luis Alberto Valle compró de la empresa de su concuñado, Enrique Vargas Delos, un lote de muebles para la Prefectura por un valor de 812.978 bolivianos. La Contraloría determinó que se incurrió en una malversación y emitió el informe Nº EL/EN15/000. En ese documento se mencionan indicios de responsabilidad penal. La denuncia contra el ex prefecto ante la Corte Suprema fue presentada por el ex ministro de Justicia, René Blattmann.

El caso de la ‘Chitoalcoba’. El ex prefecto de La Paz instaló al lado de su despacho un lujoso dormitorio. Por los muebles pagó US$99.149s, incluidos un colchón de US$1.200 y tres roperos de US$3.500. La proveedora fue la empresa Occidental Bolivia. Cuando la denuncia llegó a la ex Policía Técnica Judicial (PTJ), Chito Valle se presentó para aducir que él jamás firmó la orden de compra y que su firma había sido falsificada por sus subalternos.

Vehículos como chatarra. El Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal de La Paz abrió causa contra Erick School, Adolfo Ustárez Centellas y otros ex colaboradores del ex prefecto por la venta irregular de vehículos del Estado a precio de material inservible. Una investigación determinó que este negociado provocó una pérdida de al menos US$9 millones a las arcas de la hoy Gobernación de La Paz. Contra Valle se estableció responsabilidad administrativa.