Lima, Andina. El titular del 56 Juzgado Penal de Lima, Malzon Urbina, resolvió el hábeas corpus presentado por ex dirigentes de La Parada, en un fallo que le devuelve a ese espacio la condición de mercado mayorista y además ordena el retiro de los bloques de cemento que impedían el ingreso de camiones pesados a ese centro de abastos.

En el fallo favorable a los ex comerciantes mayoristas, dado a conocer este martes, el magistrado también declaró nulo y carente de todo efecto jurídico la resolución del municipio de Lima mediante el cual dicha zona se convitiría en el Parque del Migrante, tal como lo anunció la alcaldesa Susana Villarán.

La resolución ordena el retiro inmediato de las fuerzas policiales ubicadas en el perímetro del ex mercado mayorista N° 1 y calles adyacentes, así como el retiro de los bloques de cemento que evitaban el ingreso de camiones con carga pesada.

Del mismo modo, dispone dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de ilícitos penales por parte del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, por el violento desalojo ocurrido el 27 de octubre, en el que fallecieron dos personas, para lo cual su juzgado envía las copias certificadas pertinentes.

Igualmente, Malzon Urbina informa que enviará todo lo actuado al Ministerio Público para que evalúe las responsabilidades que pudieran recaer sobre la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y sobre los funcionarios públicos que resulten responsables.

También deja constancia que no se aplica la sanción de destitución a la alcaldesa Villarán "por respeto a la voluntad popular que ha determinado su continuidad en el cargo", mientras que al procurador municipal Antonio Salazar se le recomienda se abstenga de desinformar a la población "exteriorizando inexactitudes a sabiendas de su falsedad".

El magistrado señala que su fallo se sustenta en que el desalojo de los comerciantes de La Parada vulneró la libertad individual y la afectación del derecho de igualdad ante la ley por trato indiscrimatorio.

El hábeas corpus fue interpuesto por Ida Avila Sedano, dirigenta de la Asociación de Concesionarios del mercado mayorista N° 1, denominado La Parada, contra la alcaldesa Susana Villarán, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra.