El proyecto de ley presentado en el Congreso podría incentivar a compañías y ejecutivos que requieren hablar con los fiscales que están investigando a firmas de construcción y a expresidentes de Perú, en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Lima. El Gobierno peruano presentó este miércoles al Congreso un proyecto de ley que promueve la colaboración de las empresas vinculadas a actos de corrupción con la justicia a cambio de protección de algunas restricciones financieras.

La iniciativa podría incentivar a compañías y ejecutivos que requieren hablar con los fiscales que están investigando a firmas de construcción y a expresidentes de Perú, en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por la brasileña Odebrecht.

El proyecto busca además reemplazar un decreto que vence la próxima semana y que tras un año de vigencia había frenado la continuidad de proyectos de las empresas constructoras y no había logrado asegurar el pago de Odebrecht de una reparación civil al Estado por casos de corrupción, según analistas.

Según el proyecto, distribuido por el ministerio de Economía, el Estado podrá retener un porcentaje "no minoritario" de la venta de los activos de las compañías que han confesado o han sido declaradas culpables de corrupción.

Estas compañías, al igual que sus socios, no podrán transferir sus capitales o sus dividendos al exterior. En tanto, las empresas bajo investigación pero no condenadas por corrupción podrían optar por formar un fideicomiso del Estado para ayudar a garantizar que sus operaciones continúen, precisó.

"Se trata de garantizar una inmediata retención, que será de alguna manera utilizada posteriormente para el pago de una reparación civil", afirmó la ministra de Economía, Claudia Cooper, a periodistas en el Congreso tras presentar el proyecto.

Pero las empresas serían excluidas "total o parcialmente" de las restricciones si proporcionan información a los investigadores en un acuerdo negociado con la fiscalía, dijo el ministerio.

Odebrecht ha admitido el pago de sobornos en varios países de Latinoamérica para ganar obras públicas, incluido Perú, donde tuvo como uno de sus principales socios en varias obras de infraestructura a la empresa Graña y Montero.