El gobierno peruano promueve "la muerte civil" de todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción, mediante un proyecto de ley que fue presentado al Congreso de este país, afirmó el presidente Ollanta Humala.

Según el mandatario, con la creación del registro nacional de deudores de reparaciones civiles, más conocido como de muerte civil, se pretende inhabilitar definitivamente a los corruptos para el ejercicio de la función pública o impedir su acceso a ella.

"Buscamos la imprescribilidad de los delitos de corrupción", expresó Humala durante la inauguración de la XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (Olacefs) en la ciudad surandina de Cusco, donde participan 24 contralores de la región.

El mandatario peruano subrayó el compromiso de su administración en la lucha contra este flagelo que ha dejado huellas profundas en este país andino, especialmente en la década de los 90 del siglo pasado, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente preso.

"Quienes han defraudado al Estado y a la sociedad, valiéndose de un cargo para favorecer intereses subalternos, no merecen que se le devuelva la confianza de la ciudadanía", expresó.

Humala recordó el pasado y los actos de corrupción cometidos antes de su gestión que le hicieron tanto daño al Perú por su legado nefasto y el daño a la dignidad de los peruanos.

"Recordemos que el Perú en los 90 y también años antes fue víctima de un alto grado de corrupción que melló e intentó destruir lo más profundo de nuestra identidad y dignidad como peruanos, pero nuestro país logró superar esas épocas", sostuvo.

El gobernante precisó que su gobierno no ha escatimado esfuerzos para luchar decididamente contra la corrupción y cuenta con una estrategia sin precedentes contenida en un plan nacional 2012-2016, que ha venido acompañada de otras medidas de significativo impacto en el sistema de justicia.

Entre otras medidas, Humala ha creado la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) y una nueva legislación denominada de Pérdida de Dominio que permitió recuperar alrededor de 6 millones 800.000 dólares que fueron destinados al fortalecimiento de las agencias de control público.

La reunión de contralores de la región tiene como meta la conformación de una red latinoamericana de lucha contra la corrupción en el marco de la XXIV Asamblea General de la Olacefs, que se prolongará hasta el próximo 28 de noviembre.