Expertos en seguridad y temas de violencia política consultados por Reuters advirtieron que la infiltración de movimientos vinculados a Sendero Luminoso en protestas y sindicatos es una estrategia para reconstruir al grupo guerrillero, antes de relanzarlo a una revolución.
Lima. Con 77 años y sentenciado a cadena perpetua, el líder del grupo rebelde Sendero Luminoso Abimael Guzmán sigue logrando que su prédica se haga cuerpo en Perú.
El grupo violento, que durante dos décadas dejó casi paralizado al país andino, está latente a través de su brazo político. Se está infiltrando en las crecientes protestas sociales y aprovecha la frustración de muchos ciudadanos que se sienten excluidos del boom económico peruano.
Líderes políticos y analistas temen que los simpatizantes de Guzmán expandan sus ideas radicales justo en momentos en que el presidente Ollanta Humala está dando un giro a la derecha que choca con algunas de sus promesas de campaña.
Expertos en seguridad y temas de violencia política consultados por Reuters advirtieron que la infiltración de movimientos vinculados a Sendero Luminoso en protestas y sindicatos es una estrategia para reconstruir al grupo guerrillero, antes de relanzarlo a una revolución.
"Conociendo el grado de violencia de estas organizaciones ultras, se vuelve imprescindible que los diferentes órganos de inteligencia del Estado doblen esfuerzos para mantener la seguridad", dijo un reciente informe de inteligencia de las fuerzas de seguridad fechado en julio y obtenido por Reuters.
Tal es la amenaza que el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto para penalizar con prisión a quienes "públicamente" justifiquen, nieguen o minimicen los delitos cometidos por grupos rebeldes entre 1980 y el 2000, una polémica norma que busca frenar a los dirigentes de grupos extremistas.
"No podemos quedarnos impávidos o pasibles frente a esta arremetida de las ideologías del terror, que niegan y siguen negando la violencia terrorista que sufrió el Perú", dijo el primer ministro Juan Jiménez, al justificar el proyecto.
Opositores han advertido que la iniciativa de Humala podría quebrantar la libertad de expresión, pero el gobierno afirma que ha tomado esa decisión porque el "senderismo" está en proceso de reactivación y adoctrinamiento usando como fachada otras organizaciones.
La guerra contra Sendero Luminoso, el grupo rebelde que fue el más violento de América Latina y que buscaba con la lucha armada de clases imponer un Estado comunista en Perú, provocó en dos décadas unos 69.000 muertos y desaparecidos.
Los simpatizantes de Sendero Luminoso, agrupados en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) -dirigido por excarcelados del grupo rebelde- reclutan ahora a jóvenes -en su mayoría pobres- en mitines, actos culturales callejeros y hasta en casas de formación universitaria.
A inicios del año la autoridad electoral rechazó la inscripción del Movadef como partido, lo que limitó su actividad proselitista a las calles, donde convoca a reuniones y conferencias bajo ese nombre amparado en el libre derecho que da la Constitución a participar en política.
La consigna es exigir la liberación del cabecilla maoísta Guzmán, un profesor universitario con una filosofía mesiánica condenado a cadena perpetua en 1992.
"Los que nos critican nos quieren convertir en un paria", dijo a Reuters Alfredo Crespo, el dirigente más visible del Movadef que estuvo preso 12 años por ser miembro de Sendero Luminoso. "Nuestro objetivo es el socialismo como paso previo al comunismo, aspiramos a una sociedad socialista", afirmó.
Buscan adeptos. La exposición pública de excarcelados rebeldes se produce en momentos en que las protestas sociales aumentan en el país. Demandan principalmente una mayor tajada de las ganancias de las empresas del clave sector minero y rechazan proyectos por temor a que su desarrollo contamine el medio ambiente.
Los conflictos ya han dejado 19 muertos en choques con la policía en los primeros 13 meses del gobierno de Humala, quien desde que asumió en julio del 2011 ha buscado garantizar los proyectos de inversión y los derechos de las personas.
Crespo, que dice ser seguidor "del pensamiento marxista, leninista y maoísta" y reconoce a Guzmán como su líder, afirma que su movimiento tiene varias bases políticas, una de ellas asentada en la mayor universidad pública del país, San Marcos, que fue el bastión estudiantil de la izquierda.
También señaló que tiene representaciones en 13 distritos en la periferia de Lima -los de menos recursos- y en regiones como Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ancash y Ayacucho, esta última donde Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980.
Según el informe de inteligencia, el Movadef y otros grupos radicales han lanzado una campaña con un objetivo común: forzar la salida del Presidente mediante el llamado "golpe de masas".
"Este llamado golpe de masas consiste en la deposición del Ejecutivo mediante simultáneas y violentas marchas de protesta, donde multitudinariamente participa la población convocada por organizaciones de izquierda, quienes detrás de las cortinas, son las que planifican esto", dijo el documento de inteligencia.
Presidentes como Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad en Ecuador, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y Fernando de la Rúa en Argentina fueron sacados por presión popular.
Los analistas creen que esa posibilidad es impensable en Perú, que atraviesa por un proceso de desarrollo con un crecimiento económico promedio anual del 6 por ciento en la última década, aunque con una desigual distribución de la riqueza.
Al ser consultado sobre si la lucha armada era el camino para llegar al socialismo que pregonan, Crespo fue ambiguo.
"Las condiciones no están dadas para una lucha armada, el propio Guzmán ha dicho que hoy no es el momento", afirmó.
"La violencia siempre ha existido en Perú y miren ahora; ¿quién está aplicando la violencia? El Estado, que ha matado a 17 personas (en protestas), allí está la violencia", dijo Crespo, que visita periódicamente a Guzmán en prisión.
Dan la cara. Con la captura de Guzmán, quien el 12 de septiembre cumple 20 años en la cárcel, la violencia paró drásticamente.
Muchos lo recuerdan vestido con un traje a rayas gritando con la mano el alto al ser presentado a la prensa: "¡Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan y decimos sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más!".
Guzmán depuso las armas luego de su captura y un grupo remanente que opera de forma aislada en la sierra y selva de Perú lo considera un traidor. Estos combatientes, que protegen las rutas del tráfico de cocaína -según la policía- se enfrentan esporádicamente con las fuerzas de seguridad.
Según Crespo, Movadef no tiene ninguna vinculación con ese grupo en armas que ha matado a casi una veintena de policías o militares en choques o emboscadas en lo que va del año.
En julio, en una inusual protesta en Lima, al menos 60 personas desafiaron la seguridad de una base naval y reclamaron libertad para el líder de Sendero Luminoso.
Los manifestantes, con fotos del rostro de Guzmán y carteles en los que pedían amnistía para "los presos políticos", mostraban sin vergüenza sus caras, una clara diferencia frente a lo que ocurría en el pasado, cuando los simpatizantes de Sendero Luminoso eran perseguidos y hasta abatidos por las fuerzas de seguridad.
Los seguidores realizaron después un "plantón" frente al Palacio de Justicia, en pleno centro de Lima.
"¡Por la solución política, amnistía general y reconciliación nacional! ¡Abajo el aislamiento y libertad para el doctor Abimael Guzmán!", gritaban los disciplinados manifestantes, con la mano derecha en alto.
Por las cárceles de Perú han pasado a lo largo de dos décadas de conflicto unas 20.000 personas acusadas o condenadas por delitos de terrorismo, según un informe de la Comisión de Verdad, que investigó la guerra interna.
Ahora quedan 654 en las prisiones por ese delito, de acuerdo con los datos de la autoridad penitenciaria local.
La mayoría ya cumplió su condena o ha ganado su libertad en nuevos juicios tras la caída del ex presidente Alberto Fujimori, preso por ser autor intelectual de una matanza de 25 personas sospechosas de pertenecer a la guerrilla izquierdista.
Según fuentes de la policía antiterrorista, desde el 2013 se cumplirán las condenas de otros importantes dirigentes guerrilleros, como Osmán Morote, el número dos de Sendero Luminoso y brazo derecho del cabecilla Guzmán.
El analista político Gonzalo Portocarrero dijo a Reuters que los seguidores de Guzmán no muestran arrepentimiento por la violencia y no tienen sentido de autocrítica o perdón.
"Ellos siguen creyendo en el pensamiento Gonzalo (como llaman a las ideas de Guzmán), es decir, siguen pensando que la violencia es necesaria y conveniente, pero no por el momento; quizá porque Abimael es un rehén capturado", afirmó.
Recientemente Portocarrero fue blanco de activistas del Movadef, que irrumpieron en una universidad durante una charla del analista sobre su nuevo libro que critica a Guzmán.
Izquierda en alerta. La aparición más notoria de seguidores de Guzmán en varios movimientos ha alarmado también a los partidos políticos de izquierda legalmente inscritos, que también tienen el mensaje de reivindicación social en el país.
Ser el "dueño" del mensaje socialista es clave en momentos en que el presidente Humala abandona su anterior predica de izquierda radical para aliarse con las ideas pro mercado.
Los miembros del Movadef y de la izquierda legal, como el Partido Comunista Patria Roja, coinciden en criticar el "modelo de libre mercado y capitalista" del Gobierno de Humala.
Asimismo, convergen en rechazar grandes proyectos mineros que sostienen el fuerte crecimiento económico de Perú, país rico en minerales que sin embargo no ha logrado reducir rápido la pobreza que envuelve a poco menos de un tercio de los 30 millones de habitantes.
"Ellos representan una voluntad política muy pequeña, pero bien organizada. Creo que podría ser un peligro si Movadef es capaz de convertirse en atractivo para las personas que votaron por Humala antes de que él cambiara", afirmó Portocarrero.
Humala, un militar retirado que luchó contra Sendero Luminoso, prometió en su campaña presidencial mayor presencia del Estado en las actividades económicas en favor de los pobres.
Ahora es un fuerte promotor de la inversión privada y no le ha temblado la mano para decretar estado de emergencia para desactivar protestas sociales con ayuda de las fuerzas armadas.
René Ramírez, dirigente del partido de izquierda Patria Roja y líder del mayor sindicato de los maestros públicos de Perú, advirtió que muchos integrantes del brazo legal de Sendero Luminoso se han infiltrado en su organización.
Estos han conformado una facción radical llamada Conare, que ha encabezado violentas protestas principalmente en el sur del país, donde los índices de pobreza son los más altos, afirmó.
El maestro de una escuela pública local gana aproximadamente 450 dólares mensuales -sin descontar asignaciones sociales ni de jubilación-, uno de los salarios más bajos de Latinoamérica.
"Hemos detectado esa infiltración", dijo a Reuters Ramírez en su oficina gremial. "Ellos (los del Conare) mueven a la gente y a río revuelto tratan de ganar adeptos", afirmó el dirigente.
"Frente a la inoperancia del Gobierno, esta gente como Sendero Luminoso hoy aparece porque puede cosechar en un mar humano resentido, decepcionado, entran con sus ideologías radicales diciendo que ellos son los salvadores", agregó.
Otro partido de tendencia izquierdista, Tierra y Libertad, se ha enfrascado en promover protestas principalmente contra el sector minero.
Entre estas manifestaciones destaca la que es liderada por el presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, cabeza del también izquierdista Movimiento de Afirmación Social (MAS).
Uno de los más recientes conflictos postergó un proyecto de 5.000 millones de dólares de la estadounidense Newmont Mining y provocó hasta la renovación de dos gabinetes de ministros de Humala.
Santos, que según observadores prepara su candidatura presidencial, sugirió a sus seguidores en un mitin en junio levantarse contra Humala por supuestamente no cumplir con su promesa de respetar el medio ambiente y el agua en la zona.
"Ecuador sacó a (al presidente Lucio) Gutiérrez porque mintió; lo sacó a (Jamil) Mahuad porque mintió; lo sacó a Abdalá Bucaram porque le mintió ¡y Ecuador no ha desaparecido!", dijo.
Pero Santos y Ramírez han deslindado cualquier vinculación con grupos extremistas y afirman que sus luchas sociales se enmarcan por los cauces de la democracia.
Humala tiene un fuerte apoyo de la comunidad militar y empresarial. Además cuenta con una aprobación a su gestión del 40 por ciento, pese a que su popularidad bajó en los últimos meses en un país que crece fuerte gracias a la motorización del consumo y la demanda interna.
Defensa y frustración. Como un mecanismo de defensa, la procuraduría del Estado para casos de terrorismo denunció a nueve dirigentes del Conare por agitación social y bloqueo de carreteras y los acusó de ir contra libertades individuales, entre otros cargos.
"Estoy convencido de que ellos quieren volver a la lucha armada", dijo a Reuters el procurador Julio Galindo. "No hay reconocimiento, aceptación, disculpa por parte de ellos de que causaron graves daños a la vida humana", afirmó.
Uno de los acusados es Efraín Condori, el jefe del Conare que ha liderado protestas de su organización, entre ellas el intento de tomar un aeropuerto, el bloqueo de carreteras en los Andes del país y una huelga de hambre de profesores.
En una de las protestas aparecieron perros muertos en una carretera bloqueada.
Ese hecho trajo recuerdos de cuando militantes de Sendero Luminoso colgaron perros muertos en 1980 en postes de energía en Lima, para rechazar el giro que dio el dirigente chino Deng Xiao Ping frente a las reformas que impulsó el comunista Mao Tse Tung.
"Rechazamos las acusaciones (de que queramos generar violencia), es la forma perversa, nociva que el Estado recurre junto a la prensa amarilla", dijo Condori a Reuters durante una protesta en Lima.
"Nosotros tenemos libertad de pensamiento, nos desenvolvemos en un frente gremial, tenemos maestros de todas las tendencias y hoy nos une una plataforma única", afirmó.
A diferencia de países que han sufrido guerras civiles, el proceso de reconciliación en Perú fue abortado casi desde el principio, en parte porque en la mayoría de los casos los rebeldes nunca fueron perdonados y porque los insurgentes o sus simpatizantes no han admitido el daño que provocaron al país.
Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Perú nunca se pusieron en práctica.
Un museo para documentar los horrores y abusos del conflicto -tanto de los rebeldes como de las fuerzas armadas- recién está siendo construido tras años de disputas sobre cómo administrar su contenido.
Benedicto Jiménez, un jefe policial que fue clave en la captura de Guzmán, refirió a Reuters que probablemente es un error mantener a Movadef al margen del juego político legal.
"Al fin de cuentas, Movadef como partido no habría tenido atractivo. Hubiera sido un buen gesto (del Estado)", dijo.
Algunos políticos, que han sugerido tímidamente resocializar a los insurgentes que han purgado condena, han sufrido fuertes críticas. La política del Estado es mantenerlos al margen.
Por ejemplo, el Gobierno del ex presidente Alan García aprobó una ley que prohíbe realizar labores de enseñanza a maestros públicos que hayan estado presos por pertenecer a Sendero Luminoso.
Estas cosas, entre otras, han generado un resentimiento en jóvenes cuyos familiares siguen presos o han salido de prisión por condenas de terrorismo. Muchos de ellos no vivieron ni sintieron en carne propia la época de mayor violencia en Perú.
"Cuando tenía 11 años se llevaron preso a mis padres, a mi papá, mamá y tío por pertenecer a Sendero Luminoso; desde esa fecha me han criado mis abuelos", dijo a Reuters Joel Alejandro Canahualpa, de 25 años, en un mitin del Movadef.
"Quiero una amnistía para liberar a mis padres" presos desde hace 14 años por una condena de 18 años, afirmó. Y defendiendo el pensamiento maoísta señaló frustrado: "Creo que la lucha de mi padre era justa y creo en las ideas de Guzmán".
