Los once presuntos terroristas capturados en una operación de rescate de niños secuestrados en la selva central en Perú, fueron trasladados en la tarde de este sábado a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para las investigaciones policiales.

Entre los detenidos se encontraba el denominado “camarada Jorge”, identificado como Augusto Roca Gómez, quien es considerado un mando militar de los remanentes subversivos y responsable del campamento donde fueron encontrados los menores.

La captura de las once personas se produjo en la zona de San Martín Pangoa, en la provincia de Satipo, en la región Junín, en el área de influencia del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde operan rezagos subversivos aliados al narcotráfico.

De los detenidos por las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuatro eran hombres y siete mujeres, y se encontraban armados.

En esa operación también se incautaron cuadernos escolares con consignas terroristas, así como fusiles de madera y maquetas de emboscadas, que hacen suponer a los investigadores que el campamento subversivo era usado para adoctrinar y entrenar militarmente a los menores.

Los once niños rescatados fueron trasladados el viernes a Lima y fueron trasladados a un local del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Gestiones de monseñor Miguel Cabrejos. El desprendimiento y la reciprocidad de las autoridades regionales y del gobierno central serán claves para el éxito del diálogo que promoverá monseñor Miguel Cabrejos en Cajamarca, a fin de solucionar el conflicto en torno al proyecto minero Conga, opinó este sábado un representante de la universidad cajamarquina.

Manuel Becerra Vílchez, presidente del directorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) y vocero del Colectivo por Cajamarca, señaló a la Agencia Andina que las partes deben dar señales claras que expresen la voluntad de dialogar.

Expresó su preocupación en que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, piense que el espacio de diálogo "va a servir para que ellos sustenten su posición de Conga no va", y por las exigencias formuladas en la víspera.

"Partir un diálogo de una situación definitiva es prácticamente ir a dialogar con la intención de patear el tablero. Eso es lo que nos preocupa, esa impresión y esa percepción que tenemos de este mensaje que dio ayer el presidente Santos", señaló.

Becerra insistió en que "si se parte con imposiciones no existe la voluntad real de diálogo (...). ¿Y yo qué doy?, solamente exijo pero no doy nada. Entonces, por lo menos exijo que se levante el estado de emergencia pero levanto el paro; (debe darse) una situación de reciprocidad, que sean señales que expresen la voluntad de dialogar".

Exhortó, en ese sentido, que las partes acudan con "una intención clara de dialogar". "El diálogo no solamente es exponer una posición, sino también ceder algunas cosas, intercambiar algunas experiencias y algunas posturas con cierto desprendimiento", sostuvo.

Becerra saludó la designación de monseñor Miguel Cabrejos como facilitador del diálogo y expresó que "tenemos mucha confianza en que puede realizar una buena labor".

"Conozco personalmente a monseñor Cabrejos y sé que tiene muy buenas intenciones; además, es un muy buen intermediario para esto. Creo que podría hacer una excelente labor, pero todo parte de que exista la verdadera intención de ambas partes e incluir a la empresa (Yanacocha)", señaló.

El también vocero del Colectivo por Cajamarca manifestó que este diálogo tiene que ser entre tres: el Estado, las autoridades regionales y locales (alcaldes del área de influencia del proyecto) y la empresa Yanacocha.

Consideró que incluir a otros participantes como los frentes de defensa, universidades, cámara de comercio y colectivos ocasionaría "una mesa de escuha o de diálogo con 60 0 70 participantes, en la que ponerse de acuerdo sería prácticamente imposible".

Prorrogan estado de emergencia. El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por 60 días, contados a partir del 9 de julio, en localidades de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali ante los desplazamientos de remanentes de Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas, según decreto supremo publicado este sábado.

La medida rige en los distritos de Cholón y Monzón, así como en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco; en la provincia de Tocache, en San Martín; y en la provincia de Padre Abad, en Ucayali.

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas mientras dure el estado de emergencia, precisa el Decreto Supremo 073-2012-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Agrega que continuarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Con la medida, el gobierno busca garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública, al adecuado funcionamiento de los servicios básicos y al normal abastecimiento de víveres y medicinas.