La Procuraduría General de la República (PGR) abandonó el esfuerzo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por combatir la corrupción, ya que desde 1998 tiene pendientes por lo menos 421 denuncias penales promovidas por la ASF en contra de funcionarios o entidades federales por desviación de recursos, contratos y obras irregulares, pagos indebidos, triangulación de dinero y negativa de reintegrar recursos no devengados.

El pasado 5 de febrero, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, consideró que el gran problema de México es que no se castiga a nadie, lo que a su vez consideró un incentivo perverso que alienta la corrupción. Reveló que al final de su gestión (del 2002 al 2009), la ASF presentó 40 denuncias penales contra funcionarios públicos y ninguna prosperó.

El “Informe General de la Auditoría Superior a la Cuenta Pública 2013” revela que desde 1998, la ASF ha presentado 444 denuncias ante la PGR por diversos casos de corrupción.

De ese número y desde entonces, la PGR sólo ha consignado siete expedientes; en ocho determinó no ejercer la acción penal y tiene aún pendientes 421 expedientes por casos de corrupción desde 1998.

Según el registro de la ASF sobre las denuncias presentadas, se detalla que en 1998 presentó dos denuncias; en 1999, 13 denuncias; en el 2000, dos; en el 2003, una; en el 2004, cuatro; en el 2005, tres; en el 2006, cuatro; en el 2007, dos; en el 2010, 10 denuncias; en el 2011, 133 denuncias, y en el 2012, 134 denuncias. Por las irregularidades detectadas en el 2013, la ASF prevé interponer entre 140 y 150 denuncias de hechos, de acuerdo con el actual titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez.

Tan sólo en la Cuenta Pública del 2013, la ASF realizó 922 auditorías realizadas al gasto federalizado y las principales observaciones de auditoría -recurrentes y ponderadas por su monto observado, fueron recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación por 22,993.3 millones de pesos: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 18,189.9 millones de pesos; transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas, por 10,945.5 millones de pesos.

Recursos aplicados en obras, acciones y conceptos que no se corresponden con los fines de los fondos y programas por 8,031.9 millones de pesos; pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 4,330.9 millones y recursos no entregados por las secretarías de Finanzas estatales por 2,677.3 millones de pesos.

En una entrevista con El Economista, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, dijo coincidir con el ex auditor, Arturo González de Aragón, en que “la impunidad representa un obstáculo para la rendición de cuentas; sin embargo, no considero que sea correcto tipificar la impunidad como una consecuencia de la fiscalización superior. El objetivo de la fiscalización superior no es, per se, presentar denuncias penales y lograr la consignación de funcionarios públicos; es más bien, fiscalizar la Cuenta Pública y proporcionar información independiente, técnica y sustentada sobre el uso de los recursos públicos federales. En cualquier circunstancia, la ASF ha actuado al límite de sus facultades en cumplimiento con el marco legal que rige su actuación.

“Adicionalmente, confío en que como parte del sistema nacional anticorrupción contaremos con un esquema eficaz de sanciones a los servidores públicos tanto administrativas como penales”, comentó.