A la luz de los "vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas", el organismo público, que supervisa el respeto a las garantías fundamentales por parte de autoridades mexicanas, recordó que el país está obligado a cumplir de manera "cabal e integral" con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Esta acción permitiría al comité "recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que (...) aleguen ser víctimas de violaciones", en base a la convención internacional contra la desaparición forzada, indicó la CNDH.

Los 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital. Las autoridades encontraron restos óseos y cenizas en un basurero donde, según el testimonio de personas detenidas, fueron asesinados, pero hasta ahora sólo se ha podido identificar los restos de uno de los jóvenes.