Punta Arenas, la zona más extrema al sur de Chile, se encuentra paralizada. Toda la ciudadanía y políticos de diversos signos rechazan la reducción del subsidio al gas y el aumento de su precio en 17%, que en la práctica significa una elevación general en el costo de vida de sus habitantes. Tres ministros promueven y apoyan al presidente Piñera en la tarea de terminar con el beneficio que favorece a la población de la zona: Rainieri, Golborne y Katz.
Esos tres mosqueteros se han colocado al frente de la guerra contra los habitantes de Punta Arenas. Cortados por la misma tijera, firmes partidarios de la vulgata neoliberal, aprendida en la Universidad Católica, consideran inaceptable que se vulnere “la neutralidad del mercado” en las decisiones económicas. Todos para uno y uno para todos rechazan rotundamente la existencia del subsidio al gas que impera desde largas décadas en la región más extrema de Chile. Es una mala causa la que los une, a diferencia de los héroes de Dumas.
Hace 30 años, los padrinos intelectuales de esos tres ministros instalaron el modelo económico que nos rige y la Constitución que lo respalda. Su lógica es la primacía de la economía sobre la política. Así se evita que la ciudadanía diga la última palabra en las decisiones que le competen. La asignación de recursos y la repartición de los ingresos la realiza exclusivamente el mercado, sin mediaciones y sin excepciones. Ello evita que intervenga la democracia en las decisiones, pasando la política a un segundo plano. La visión instalada es que privilegiar una determinada región por sobre las decisiones del mercado constituye una distorsión inaceptable a la buena economía.
Así las cosas, se construyó una política pública que empobreció y debilitó a las regiones extremas, como Arica en el norte y Punta Arenas en el sur, las que habían mostrado antes de los años ochenta un notable progreso gracias a una política industrial deliberada, subsidios específicos y liberalización arancelaria. El aislamiento y ubicación estratégica de Punta Arenas justifica plenamente beneficios especiales. Lamentablemente, todo eso se ha perdido con la “política económica de la neutralidad” y luego, los 20 años de la Concertación no ayudaron a revertir esa situación.
El subsidio al gas es el raspado de la olla que queda. Muy apreciado en la región y por variadas razones. El frío polar y los vientos arrolladores obligan a permanecer en los hogares por largas horas del día y ello exige un elevado consumo de gas. Al mismo tiempo, los precios y tarifas de la movilización, la electricidad, la escuela, los hospitales, la empresa privada y la actividad pública se encuentran muy determinados por el costo del gas. Por ello resulta un absurdo eliminar el subsidio y aumentar el precio del gas sin delicadeza alguna. Si esta postura se impusiera los costos sociales para la región serían elevadísimos.
Por otra parte, vale la pena anotar que sucesivas generaciones de Punta Arenas entregaron a todos los chilenos un sustantivo aporte que no ha sido suficientemente valorado. Fue su trabajo e inteligencia la que permitió la explotación del petróleo y el gas, que beneficiaron a todo nuestro país. Por tanto, resulta injusto que ahora, por la ineficiencia e insensibilidad de ciertos tecnócratas, se revierta un activo incorporado a la matriz cultural de la ciudadanía de la región.
Los ministros de Piñera, que intentan eliminar derechos adquiridos a los habitantes de Punta Arenas, y que conocen muy bien los Estados Unidos, debieran saber que en Alaska, zona extrema y fría de ese país, sus habitantes reciben subsidios generosos. Éste incluye, entre otros, un ingreso básico garantizado que cada año se entrega a los residentes en Alaska, de cualquier origen, raza, sexo o edad, por los beneficios de los royalties que se cobra a los recursos naturales, entre ellos el petróleo y el gas.
Mala decisión la que ha adoptado Piñera y sus ministros. Equivocada desde el punto de vista social y económico. Delicada en lo político, porque es mala señal para la regionalización del país. Errónea en lo estratégico, ya que Argentina ha mostrado un notable progreso en las zonas limítrofes. La guerra de Piñera contra Punta Arenas es pérdida para el gobierno y para el país.
