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Plantean reforma electoral para México tras presidenciales de 2018
Martes, Junio 27, 2017 - 14:42

Analizar y aprobar la segunda vuelta junto con el voto obligatorio es necesario para disminuir el clientelismo además de que revertiría los resultados fragmentados en una elección, consideró el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.

Analizar y aprobar la segunda vuelta junto con el voto obligatorio es necesario para disminuir el clientelismo además de que revertiría los resultados fragmentados en una elección, consideró el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.

“La próxima reforma electoral se debe considerar después de las elecciones presidenciales, ya que ahora los presidentes de los partidos pensarían que tiene dedicatoria (...) La posibilidad de una segunda vuelta electoral es necesaria para estimular el voto en la ciudadanía”, dijo en conferencia de prensa.

Abundó que esta medida no tiene nada que ver con un gobierno de coalición o la formación de políticas públicas, ya que la segunda vuelta es darle al electorado la oportunidad de reflexionar su voto en dos fases y permitir un sufragio más informado y contundente.

Por su parte, el director de Proyectos de Buendía y Laredo, Javier Márquez, comentó que la segunda vuelta podría ser confusa, ya que los resultados no podrían ser lo que la ciudadanía desea, y apuntaría a la inconformidad.

El voto obligatorio. Ugalde expresó que otra opción es hacer efectivo el voto obligatorio para diluir el impacto del clientelismo electoral.

“No es lo mismo comprar votos en una elección donde vota la mitad del electorado que hacerlo cuando vote 90%, se diluye el impacto de la compra de votos. Se debe mencionar que en Perú la multa por no votar va hasta los US$24; Brasil, US$10, y en Argentina, en caso de no emitir sufragio, deben justificar la razón y pagar una multa de tres dólares”, indicó.

“Hay quienes ven esto con desconfianza como si estuvieses obligando a ejercer un derecho ciudadano, pero la calidad del voto mejoraría”, refirió.

Gasto electoral. En la presentación del Reporte Electoral 2017 de Integralia Consultores, Ugalde indicó, sobre el costo de los comicios, que se debe llevar a cabo la centralización del sistema electoral para asignar responsabilidades claras a los Órganos Electorales locales, así como disminuir el costo de las elecciones y crear mecanismos preventivos para la compra del voto.

El Reporte Electoral 2017 señala que los pasados comicios tuvieron un presupuesto de 4.029 millones de pesos; Estado de México, 2.368,1 millones; Veracruz, 1.077 millones; Coahuila, 402,9 millones, y Nayarit 180,7 millones, y el costo promedio por lector de la Lista Nominal fue de 203 pesos, mientras que el costo promedio por voto emitido fue de 347 pesos.

Ugalde comentó que “entre más gente vota, el costo es menor”. En ese sentido añadió que el método de fiscalización para las campañas electorales es “disfuncional” porque no contribuye a detectar las operaciones financieras ilícitas que presuntamente ocurren durante el periodo de una elección.

Asimismo, reconoció que el financiamiento público debe prevalecer, “a lo que debe cerrar el camino es al financiamiento y desvío de recursos públicos, se debe transparentar y legalizar el financiamiento privado”.

Funcionarios de casillas. A pesar de que la logística de colocación de casillas fue eficaz en las elecciones pasadas en Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México, hay una negativa por parte de los ciudadanos a ser representantes de casilla y como consecuencia entorpece a los electores a la hora de emitir su voto.

Según el reporte de Integralia, de los 136.300 funcionarios de casilla que se requerían, se presentaron 126.925 capacitados, lo que implicó que se completaran mesas directivas con ciudadanos de la fila.

Además, el estudio registra que la tasa de rechazo para ser funcionario de casilla ha aumentado en los últimos años, por ejemplo en el 2006 el 5.6% rechazó ese puesto; en el 2009 fue 7,6%; en el 2012 llegó a 8%; en el 2015 de 15,8%; y finalmente en el 2017 de 17,1%.

“Estos resultados se pueden interpretar de dos maneras: los ciudadanos han optado por el rechazo de las instituciones... (o los) electores rechazan dicho puesto por presuntos fraudes”, dijo Ugalde.

Autores

El Economista (México)