Lima. La Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución que rechazó el habeas corpus interpuesto a favor del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp, en contra del juez Richard Concepción Carhuancho y un grupo de magistrados del Poder Judicial y la Fiscalía.

El habeas corpus había sido presentado a favor de Toledo y Karp y en contra del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho; los jueces superiores Araceli Baca Cabrera, Hilda Piedra Rojas, Raúl Quezada Muñante; y contra el fiscal Hamilton Castro Trigoso.

A través de su recurso, Toledo y Karp acusaron a los citados magistrados de graves amenazas a su libertad individual, al haber vulnerado el debido proceso, garantías judiciales y la tutela judicial efectiva.

La defensa de Toledo cuestiona que el juez Concepción haya interpuesto orden de detención preliminar, sin que exista peligro procesal y solo basado en los testimonios de Jorge Barata y Josep Maiman; y que el Ministerio Público requiera la extradición con fines políticos.

Toledo Manrique es acusado de haber recibido una coima de US$20 millones de la empresa Odebrecht para entregarle la buena pro para la construcción de la carretera Interoceánica.

No obstante, la sala encargada de ver este tema manifestó que la orden de detención procede, pues para solicitarla no es necesario que las sindicaciones tengan la condición de prueba actuada en un juicio oral, sino que deben existir fundados elementos de convicción sobre los delitos cometidos por el acusado.

Asimismo, indica que el pedido de extradición es una actuación legítima del Ministerio Público como titular de la acción penal.

Toledo Manrique es acusado de haber recibido una coima de US$20 millones de la empresa Odebrecht para entregarle la buena pro para la construcción de la carretera Interoceánica, durante su gobierno (2001-2006).

La Fiscalía lo acusa de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El exjefe del Estado, quien dice ser víctima de una persecución política, permanece en Estados Unidos.