Lima. El Poder Judicial, a través del Colegiado F de la Sala Penal Nacional, resolverá en un plazo de 24 horas si revoca o continúa vigente la detención preliminar contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez, y el gerente general de esa región, Hernán Molina.

Ambas personas están detenidos en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), investigados por su presunta participación en el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.

El Colegiado F que preside el juez Víctor Valladolid, escuchó esta mañana al abogado de Alfredo Ortecho, defensor de Álvarez, quien argumentó que la orden de detención contra su patrocinado no respetó los principios constitucionales y garantías procesales.

“Los delitos que pesan contra Álvarez son asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado, y las declaraciones de los siete testigos claves y dos colaboradores eficaces no ameritan un cargo coherente o fehaciente para estar involucrado o aducir que pertenezca a una organización criminal”, señaló Ortecho.

Por ello solicitó al pleno de la sala, que se revoque la detención preliminar para que su patrocinado enfrente el proceso en libertad o con arresto domiciliario.

Luciano López Flores, abogado de Molina Trujillo, por su parte, manifestó que es desproporcionado el mandato de detención contra su defendido e indicó que las acusaciones de los testigos con incoherentes.

Que se confirme prisión. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, a su vez, pidió a la sala durante la audiencia que se confirme la detención preliminar contra ambos procesados.

Dijo que la amplia investigación que realiza la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado se basó en la existencia de una organización criminal con objetivos comunes y determinó que la muerte del ex consejero regional, Ezequiel Nolasco, no fue por casualidad.

Explicó que esa red criminal tenía como objetivo eliminar a personas que hacían oposición a los irregulares actos en el gobierno regional.

A juicio del fiscal, César Álvarez debió haberse presentado en la sede de la Dirincri, porque es la policía quien estaba a cargo de la ejecución de su detención y no en los juzgados para hacer un espectáculo.