Según el sitio web del diario español El País, en octubre del 2013 bombarderos supersónicos rusos Tu-160, procedentes de Moscú, Rusia, y Caracas, Venezuela, sobrevolaron aguas internacionales en el Mar Caribe, penetraron en Centroamérica, aterrizaron en Managua, desplegaron maniobras castrenses y simbolizaron una renovada alianza militar entre Rusia y Nicaragua.

Bajo el símbolo de la Unión Soviética, que se desintegró en 1991, el pie militar de Moscú tocó tierra en América Latina y el Caribe a principios de la década de 1960 en Cuba y se extendió a Perú en 1973 —donde se renovó en el 2013—, pero desde el 2001 se prolongó a Venezuela y a Ecuador a partir del 2008, aunque también con el comienzo de la asistencia policial a El Salvador en el 2012.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigú, anunció el 26 de febrero último que su país está negociando la instalación de bases militares rusas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y aseguró que las conversaciones con los gobiernos de esas naciones “están en marcha” y cercanas a la firma de documentos.

Sin embargo, la Cancillería venezolana descartó el 28 de febrero último la opción de aceptar instalaciones militares rusas en Venezuela. El Gobierno y el Ejército de Nicaragua negaron el 4 de marzo que estén negociando con Rusia la posibilidad de instalar una base militar rusa en territorio nicaragüense.

En todo caso, en los últimos años ha habido una reafirmación de los renovados vínculos militares entre Moscú y Managua, que fueron intensos en la década de 1980, en el fragor de la Guerra Fría.

En ese entonces, EE. UU. acusó a Cuba, a la entonces Unión Soviética y a Nicaragua de haber convertido a la revolución sandinista en una “cabeza de playa” para alentar la expansión comunista en la zona y de utilizar a las guerrillas marxistas de Guatemala y El Salvador para atizar el incendio bélico en Centroamérica.

El ruso Víctor Ivanov, un ex agente de la KGB —el aparato de inteligencia soviética— que es el jefe del Servicio Federal de Control de Narcóticos de Rusia, firmó en Nicaragua en febrero del 2012 un pacto de cooperación para enfrentar al crimen organizado, mientras que en El Salvador suscribió un convenio de represión al narcotráfico.