La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de declarar el estado de emergencia en todas las cárceles del país, lo que implica que se ponga en aislamiento a todos los reclusos, ha generado polémica, ya que el mandatario no habría cumplido con la legislación en la materia.

La orden de Bukele de dejar a "todos en sus celdas" y prohibir las visitas no es competencia del presidente sino que la Ley Penitenciaria estipula que es una medida que solo puede ordenar la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en casos de fuerza mayor que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria, con el aval de un juez.

En declaraciones al diario 'La Prensa Gráfica', una jueza ha explicado que la DGCP puede decretar la emergencia en las cárceles sin la aprobación previa de un juzgado, pero a continuación debe enviar un escrito al mismo argumentando el porqué de la declaración. A continuación, será el juzgado el que decida si confirma, revoca o modifica la emergencia.

Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, ha indicado que aunque no está en contra de la medida ordenada por Bukele, el procedimiento debería llevarse a cabo respetando "el marco legal" de la Ley Penitenciaria.

Esta es la segunda vez que Bukele ordena la emergencia en las cárceles desde que llegó al poder el pasado 1 de junio, después de que impusiera la medida en los primeros meses de su mandato en el marco de sus medidas para combatir la delincuencia.

"Este procurador no está en contra que se decreten medidas de emergencia en centros penales, pero siempre voy a estar en contra de que no se hagan de acuerdo a lo que establecen el artículo 23 y 24 del de la Ley Penitenciaria", ha señalado Tobar en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH).

Asimismo, ha explicado que la PDDH ha desplegado a sus equipos en los distintos departamentos con el fin de "monitorear las restricciones que se les han hecho a las personas privadas de libertad", según informa el diario 'El Mundo'.

También ha criticado la medida el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que ha tachado de "medida abusiva" lo ordenado por Bukele. "No es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular", ha sostenido en su Twitter.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ha asegurado que el Gobierno tiene "informes de inteligencia penitenciaria de que los privados de libertad tenían previsto desestabilizar el sistema" como resultado del hecho de que "han estado incomunicados desde las cárceles hacia el exterior".

Asimismo, ha desvelado que se han incautado algunos manuscritos En los que "se estaban tratando de comunicar entre ellos dentro de las mismas cárceles para generar algunas medidas de desestabilización".

Esta es la segunda vez que Bukele ordena la emergencia en las cárceles desde que llegó al poder el pasado 1 de junio, después de que impusiera la medida en los primeros meses de su mandato en el marco de sus medidas para combatir la delincuencia.

Ahora, la decisión se tomó después del asesinato de dos militares entre el sábado y el lunes, en un momento en el que los homicidios siguen disminuyendo en el país.