Brasilia. La Policía Federal de Brasil ha llevado a cabo hoy una operación en empresas que confeccionaron material gráfico para la campaña electoral de la fórmula que integraron la ex presidenta Dilma Rousseff y el mandatario actual, Michel Temer, en 2014, a petición del Tribunal Superior Electoral (TSE).

     La acción fue solicitada por el juez Hermán Benjamín, relator del proceso que puede llevar a la impugnación de la fórmula por financiamiento ilegal.

     Se sospecha que empresas tercerizadas por tres grandes compañías gráficas no tendrían las condiciones materiales de realizar los trabajos por los que recibieron pagos onerosos, lo que indicaría que hubo desvío de recursos de la fórmula.

     Los peritos señalaron sospechas de que fondos habrían sido "desviados y dirigidos al enriquecimiento sin causa de personas físicas y jurídicas diversas para beneficio propio".

 La investigación responde a un recurso presentado por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) del candidato derrotado Aécio Neves, luego de las elecciones de 2014, apuntando a abuso del poder político y económico en la disputa electoral.

     En total, la policía ha efectuado registros en 15 lugares, en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Santa Catarina.

     La investigación responde a un recurso presentado por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) del candidato derrotado Aécio Neves, luego de las elecciones de 2014, apuntando a abuso del poder político y económico en la disputa.

     El PSDB pide que, en caso de que la fórmula Rousseff-Temer sea impugnada, el TSE designe presidente y vicepresidente a los senadores Neves y Aloysio Nunes Ferreira.

     Sin embargo, de ser condenada la fórmula ganadora, se espera que la Justicia Electoral convoque elecciones indirectas, de modo que el Congreso elegiría un nuevo presidente de la República para completar el mandato hasta fines de 2018.

     El análisis del caso por el plenario del TSE debe ocurrir entre febrero y marzo del año entrante.

     Temer asumió la presidencia en forma efectiva el 31 de agosto, después de que Rousseff fuera destituída por el Senado acusada de irregularidades administrativas en el área fiscal.