Dos atentados terroristas en una sola semana pusieron nuevamente la política seguridad del gobierno del presidente Juan Santos sobre la mesa. Algunos salieron a reclamar que hay un retroceso frente a la seguridad democrática de su antecesor, Álvaro Uribe, mientras otros creen que es simplemente un asunto de percepción.

Santos, con cifras en mano, sostuvo el fin de semana que pese a los atentados terroristas de los últimos días los índices de seguridad en Colombia están mejorando, en homicidios, lesiones comunes, secuestro y hurto común.

El ex comisionado de Paz, Camilo Gómez, descartó de tajo cualquier retroceso en seguridad y argumentó que los ataques de la guerrilla son una respuesta a la acción del Estado, que en el golpe a Tumaco (Nariño) existen claros intereses del narcotráfico y les dijo a los uribistas que la seguridad democrática dio pasos pero no acabó con el problema, pues de lo contrario no se habrían presentado los hechos de la semana pasada.

“Existe sin duda un proceso permanente de mejora de la seguridad en el país desde que empezó el Plan Colombia. La seguridad no mejora de un día para otro, me parece que hay un momento específico por circunstancias en que el narcotráfico y terrorismo actúan. Eso no quiere decir que haya un retroceso, si actúan con terrorismo es porque están siendo atacados”, dijo Gómez.

En el mismo sentido, el ex asesor presidencial de seguridad, Armando Borrero, está convencido de que estamos ante un problema de percepción de inseguridad, porque el terrorismo va de la mano de lo mediático, así que el impacto es sumamente grande en la opinión pública, pero también es un hecho contraproducente para quien lo comete.

Borrero explicó que después de la muerte de Marulanda en 2008 las FARC bajo el mando de Cano empezaron la estrategia de hacer presencia. “Quieren mostrar que están en la jugada, entonces apelan al terrorismo. No obstante, al examinar los incidentes casi nunca son de combate abierto ni se han vuelto a tomar pueblos. Utilizan minas y atentados dinamiteros estilo Tumaco, pero combate abierto muy poco”, aseguró el asesor de seguridad.

Para el especialista en conflicto Vicente Torrijos, hay una especie de guerra híbrida en la que se mezclan tres aliados: narcotráfico, bacrim y FARC, y ante sus ataques terroristas la Fuerza Pública apenas se está adaptando.

“El objetivo de las FARC no es otro que obligar a Santos a entrar en una salida negociada al conflicto mezclando lo político y lo militar. Primero, con propuestas como la liberación de secuestrados y la invitación a dialogar hecha por el propio Timochenko. Segundo, con atentados terroristas pretenden arrastrar al presidente a negociar. Quieren que Santos se desespere tanto que valore las muestras. La guerrilla pretendía liberar con valor político agregado, o sea show, de otra manera lo considera inútil”, agregó Torrijos.

Uribe pidió el fin de semana en su cuenta de Twitter: “Necesitamos seguridad en lugar de apaciguamiento”, “el clamor erguido de la ciudadanía es el único freno al retroceso”.

Y referenció desde su cuenta un artículo del consultor político Federico Hoyos Salazar, el cual asegura que “coincidencia o no, una vez posesionado el presidente Santos los niveles de inseguridad del país empezaron a crecer”.

Hoyos dice que las cifras evidencian un retroceso: “de acuerdo con resultados de una investigación de la Fundación Seguridad y Democracia, en 2011 hubo un aumento del 24% en ataques guerrilleros a poblaciones, aumento del 32% en ataques a infraestructura eléctrica y 10% en aumento del secuestro, todo esto con respecto al año anterior. Pasamos de la percepción a la realidad cuando las FARC, las bacrim y demás grupos ilegales secuestran ciudadanos inocentes, vuelan torres y radares, ponen caballos bomba y decretan paros armados que paralizan el comercio y el transporte”.