La representante legal de la entidad, Rossy Salazar, sostuvo que "vamos a presentar un recurso de queja antes de que venza el plazo".

El viernes último, un comunicado de la Fiscalía de la Nación dio a conocer que el fiscal peruano Marco Guzmán consideró que no se hallaron "elementos probatorios suficientes" sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori en las presuntas esterilizaciones forzadas y que en ese caso no se incurrió en "delitos de lesa humanidad".

La decisión también determinó que no existe responsabilidad en los ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.

En un comunicado, Demus expresó su "indignación" por esta medida, la cual cubre con "impunidad" una de las "más graves violaciones a los derechos humanos" cometidas en Perú.

El fiscal Marco Guzmán estableció que sí existen elementos de que hubo violación de derechos humanos porque "en algunos casos" las esterilizaciones afectaban "la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza".

La Fiscalía reabrió la investigación en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

"Dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento", señaló el comunicado de Demus.

Aunque no se tiene un número preciso, organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas sin su consentimiento, mientras que la Defensoría del Pueblo de Perú registró en total 18 víctimas mortales de esas supuestas prácticas.