Un funcionario del grupo de inteligencia conocido como "el Goni" le habría manifestado a la Fiscalía que tenía conocimiento de que fue de la Presidencia de la República de donde provino la orden para que se hiciera pública la información recogida por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, que pretendía poner de presente la supuesta relación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el presunto narcotraficante Ascencio Reyes.

Según el representante del ente acusador que formuló la acusación en contra del ex director de la UIaf, Mario Aranguren, ese testigo manifestó que fue el ex director de Inteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, quien le indicó las supuestas pretensiones del Ejecutivo.

Habría sido a partir de esta directriz que se produjeron conversaciones con periodistas, que terminaron reproduciendo las supuestas actuaciones irregulares de los integrantes de la Corte, luego de un acto público en Neiva, Huila, donde fue homenajeado el entonces presidente de la colegiatura, Yesid Ramírez.

El pronunciamiento se dio en el marco de una audiencia que se cumple en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, en la cual el Juez de Control de Garantías aceptó la imputación de cargos en contra de Aranguren y el ex subdirector Operativo de la Uiaf Luis Eduardo Daza por concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad.

Según el Fiscal del caso, quedó demostrado que la Uiaf y el DAS conformaron, en concierto, un empresa criminal dedicada a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que sus reportes dieron prevalencia a notas de prensa y no tuvieron en cuenta, por ejemplo, el hecho de que ninguno de los investigados irregularmente jamás había tenido registros sospechosos en sus movimientos financieros; manifestó que el cometido parecía ser vincularlos con el crimen organizado a como diera lugar.

Mario Aranguren, que se convirtió en el trigésimo séptimo servidor público sindicado de pertenecer a esta empresa criminal, fue llamado a indagatoria por parte de Fiscalía General de la Nación porque, supuestamente, entregó información financiera de civiles sin la preexistencia de órdenes judiciales.

Se dice que fueron más de 900 archivos de distintas personalidades, que dan cuenta de los movimientos financieros, entre otros de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de sus allegados y representantes políticos opositores como los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba.

Al parecer, existía un convenio con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para dar trámite a este tipo de seguimientos, y de ahí que el hasta hace algunos días director de la Uiaf hubiera dado el aval para el suministro de esos datos.

Luego de ser llamado a juicio, un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentará los documentos que acreditarían la responsabilidad de Aranguren en los seguimientos ilegales y, probablemente, solicitará la imposición de una medida de aseguramiento con detención preventiva.