La oposición acusa a Sebastián Piñera de haber descuidado la ayuda a los afectados por el sismo con el rescate de los mineros, el cual concentró la atención del gobierno, de la prensa local y de las principales cadenas de medios internacionales.

Santiago. La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de febrero en Chile amenaza con convertirse en el mayor dolor de cabeza del gobierno y podría interrumpir la luna de miel con el electorado tras el exitoso rescate de los 33 mineros.

El gobierno del presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, enfrentó este miércoles críticas de la oposición por lo que se percibe como una lenta reconstrucción de las áreas dañadas por el devastador terremoto de magnitud 8,8, el quinto más potente de la historia moderna.

"Vamos a pedir una recuperación eficaz y rápida, pedir un mayor compromiso del gobierno, tanto cuando están las cámaras como cuando no están", afirmó Carolina Tohá, una de las líderes del opositor bloque político de centroizquierda Concertación.

Pese a que la popularidad del mandatario se disparó gracias al rescate en octubre de 33 mineros que pasaron más de dos meses atrapados en una mina a 700 metros de profundidad, el apoyo a la gestión del gobierno para ir en ayuda de los damnificados por el terremoto sufrió una baja sustancial.

La oposición acusa a Piñera de haber descuidado la ayuda a los afectados con el rescate de los mineros, el cual concentró la atención del gobierno, de la prensa local y de las principales cadenas de medios internacionales.

En un reflejo de las críticas al gobierno, la oposición de centroizquierda acordó pedir la interpelación en el Congreso de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, denunciando falta de transparencia en la asignación de los recursos destinados a reponer las viviendas destruidas.

Mientras su gobierno rechaza los cuestionamientos, Piñera lanzó esta semana la "Gira Reconstrucción" y el miércoles visitó una localidad costera en la región centro-sur del país donde el tsunami que siguió al terremoto del 27 de febrero arrasó con todo a su paso.

En su visita a la comuna de Coelemu, el mandatario inspeccionó la marcha de las obras de reconstrucción y aprovechó para defender a su ministra de Vivienda, que se convertiría en la primer integrante de su gabinete en ser interpelada por el Congreso.

"Con las mangas arremangadas, trabajando para traer las soluciones, esa es la tarea y el lugar donde queremos ver a nuestra ministra de Vivienda, quien ha estado desde el mismo día del terremoto junto a la gente que sufrió los embates del terremoto", declaró Piñera a la prensa.

La visita a Coelemu ocurre un día después de que un sondeo mostrara una baja en la evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno frente a la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto, que dejó más de 500 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura, especialmente a escuelas y hospitales.

Baja en sondeo. El sondeo de la consultora Adimark Gfk reveló que la evaluación sobre la entrega de ayuda a los damnificados cayó siete puntos en octubre respecto de septiembre, a 43%, mientras que la aprobación al plan de reconstrucción se redujo ocho puntos, a 41%.

No obstante, la aprobación a la gestión global del mandatario se disparó 10 puntos porcentuales para alcanzar un 63 por ciento, su mejor nivel desde que llegó al poder.

"Aquí se ha prometido mucho y poco se ha hecho en materia de reconstrucción. Es un presupuesto confuso donde no se vislumbra claramente el monto de los recursos que serán destinados a las zonas afectadas por el terremoto", dijo el diputado Ramón Farías, del opositor Partido por la Democracia.

El presidente se ha comprometido a reconstruir, antes de que se cumpla un año del desastre, más de 50% de la infraestructura destruida, pero ha admitido que el proceso se extenderá a lo largo de sus cuatro años de mandato.

Según cifras del propio Gobierno, el terremoto dejó más de 800.000 damnificados y más de dos millones de personas afectadas directa o indirectamente, junto con más de 200.000 viviendas destruidas o con daños que las tornaron inhabitables, además de US$30.000 millones en pérdidas patrimoniales.