Bogotá. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció hoy a los gremios económicos del país y a todos los partidos políticos, incluida la oposición, por el apoyo recibido tras su decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, que generó crisis diplomática con el vecino país.

Santos reiteró que para su gobierno la emergencia humanitaria de miles de connaciones que fueron deportados de Venezuela es una "prioridad" por lo que se anunció nuevas medidas para atender a los ciudadanos que están refugiados en dos localidades fronterizas con el vecino país.

"Eso lo quiero destacar porque me parece importante que en estas coyunturas tan complicadas surja ese sentimiento de unidad. El país necesita estar unido en momentos difíciles, dejar nuestras diferencias a un lado, y todos tratar de buscar las mejores soluciones cuando las situaciones así lo ameritan", declaró el jefe de Estado durante un acto público en la ciudad de Cartagena.

"Llegaron los representantes, directores, presidentes de todos los partidos políticos, sin excepción. Eso no se había visto hace décadas en este país. También para hablar de respaldo al gobierno, respaldo a la forma cómo hemos venido administrando este problema y respaldo a esa combinación de firmeza y prudencia en nuestra diplomacia", añadió.

El presidente Santos ordenó ayer llamar a consultas al embajador de Colombia en Venezuela y convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur para informar sobre la crisis humanitaria en la frontera con el vecino país.

Santos informó que tomó esta decisión ante la negativa del gobierno venezolano de permitir el ingreso del Defensor colombiano del Pueblo a Venezuela para verificar la situación en la que un millar de colombianos fueron deportados durante la última semana.

El mandatario reiteró que desde que su homólogo Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera, su gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar para solucionar las diferencias.

Las Naciones Unidas señaló en un informe que desde el 22 de agosto han sido deportados 1.088 colombianos por el departamento de Norte de Santander, de los cuales 244 son menores de edad.