El presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró que su reciente viaje a Francia no tuvo nada que ver con la Circular Roja emitida por la Interpol para capturar a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) involucrada en el caso de interceptaciones ilegales durante el gobierno de Alvaro Uribe.

"Por ahí están diciendo que yo fui a Francia a reunirme con la Interpol para gestionar una Circular Roja contra María de Pilar Hurtado, eso es absolutamente falso (...) no he acudido ni en Francia, ni aquí en Colombia ante ninguna autoridad judicial para interferir ante procesos en curso, mucho menos para interferir en la expedición de circulares rojas, esos señalamientos son sofismas", precisó.

Para Santos, esas acusaciones de los opositores quienes aseguran que su gobierno persigue a los miembros del uribismo como Hurtado, el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, su hijo David y el asesor espiritual de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, son estrategias para distraer a la opinión de las investigaciones de las que son objeto.

"Son sofismas de distracción, que están utilizando quienes han estado siendo investigados por la justicia (...) no podemos permitir la utilización de la mentira como arma política, porque eso lo que genera es una falta de credibilidad en nuestras instituciones", dijo el jefe de Estado asegurando que en su gobierno se le han dado y se le darán garantías a la oposición tanto de derecha como de izquierda.

Entre tanto, el gobierno de Panamá anunció que acata la orden de la Interpol y que en las últimas horas Hurtado a través de un emisario manifestó en el ministerio de Seguridad su intención de entregarse a la justicia tras la emisión de la Circular Roja de la Interpol contra la ex funcionaria para ser buscada y capturada por las autoridades de 190 países.

Por esta razón, una comisión de Interpol Colombia viajó a Panamá para coordinar la entrega de Hurtado, acusada de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de la función pública.