Quito. Esta semana el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional cinco proyectos de ley para su aprobación.

Estos son el Código de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, las leyes que crean el cuerpo de detectives civiles del Estado y el cuerpo de seguridad para funcionarios del Estado y el nuevo Código Penal.

Así lo anunció este sábado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien no descartó la posibilidad de entregar personalmente estos proyectos a la Legislatura.

Sobre la Ley Orgánica de la Policía Nacional el mandatario no dio detalles. Solo dijo que transformará la visión de esta entidad, pues pasará de ser una policía militarizada a una civil comunitaria.

Acerca de la propuesta de crear el nuevo cuerpo de detectives civiles, explicó que el objetivo es que este sea un personal con formación más científica, elementos que sepan, por ejemplo, de medicina forense o delitos informáticos, y que sean quienes, luego de judicializados los casos, continúen con la investigación de los delitos para no distraer a la fuerza policial de la seguridad ciudadana.

El Ejecutivo también plantea la creación de una especie de servicio secreto, al estilo de lo que se practica en Estados Unidos, según el mandatario.

El objetivo es proteger a las autoridades de Estado, cuya seguridad al momento está a cargo de policías, a excepción del presidente y el vicepresidente de la República que tienen equipos combinados.

Uno de los argumentos de Correa para la creación de este cuerpo de seguridad –al que aún no le ha encontrado un nombre– es que la Policía no tiene preparación para hacer este tipo de trabajo para el que se requieren conocimientos de inteligencia.

Dijo que la seguridad que brinde este cuerpo secreto no será solo para autoridades del gobierno central, sino también para magistrados de las Cortes Nacional y Constitucional, legisladores, alcaldes, entre otras.

Como parte de la estrategia oficial para combatir la inseguridad, Correa reveló los cambios que pretende realizar en materia penal.

Relativo al nuevo Código Penal, del que dijo está casi listo, planteará la acumulación de penas, la tipificación de nuevos delitos como el secuestro express, el sicariato, las invasiones de tierras y la comercialización de alcohol adulterado.

Actualmente si se comete una violación y un asesinato se juzga por el delito más grave que es el asesinato con una pena de 16 años. Con la reforma se añadirán los 12 años correspondientes a la violación, con lo que la pena sería de 28 años.

Se pone un límite a las penas de 35 años.

Otro cambio se dirige hacia los arranchadores, quienes serán juzgados por robo, con una pena de dos años de prisión.

En cuanto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó su restitución, el mandatario responsabilizó al ex presidente Lucio Gutiérrez de su destitución.