La Paz. La polémica desatada en Bolivia por un proyecto de ley que prevé la clausura de medios que divulguen mensajes racistas llegó este martes al palacio de gobierno, donde el presidente Evo Morales buscaba un difícil equilibrio entre sectores enfrentados.

El primer mandatario indígena boliviano -de decisiva influencia en la abrumadoramente oficialista Asamblea Legislativa- pareció dejar de lado su rechazo inicial a eliminar o suavizar castigos establecidos en la norma, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está ahora en el Senado.

"Los medios de prensa tienen que pensar que los usuarios, o su público, también tienen derechos. No existe libertad para agredir, insultar, discriminar, la ley no es un atentado a la libertad de prensa".

"El presidente tiene una posición clara a favor de la ley, como víctima directa del racismo, pero está siempre abierto a escuchar a los diversos sectores que polemizan sobre este tema", dijo a reporteros el portavoz gubernamental, Iván Canelas, mientras se desarrollaban las audiencias palaciegas.

El proyecto ha sido promovido por sectores que constituyen la base política del gobierno, como sindicatos urbanos y rurales, pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos que visitaron a Morales después de que lo hicieran empresarios y trabajadores de la prensa.

Posición de la prensa. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios de periódicos, dijo tras reunirse con Morales que pidió la eliminación de los dos artículos del proyecto que contenían las sanciones a los medios por mensajes racistas.

"Este proyecto tiene un objetivo, fuera del de luchar contra la discriminación y el racismo, de limitar la acción de la prensa y la libertad de expresión", dijo el director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, coincidiendo con la derecha opositora en la Asamblea y la Iglesia Católica.

En el otro extremo, organizaciones sociales lideradas por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos (CBDH) defendieron el proyecto, del cual dijeron que los periodistas parecían agigantar los "aspectos punitivos" ignorando que la norma era esencialmente "preventiva".

"Los medios de prensa tienen que pensar que los usuarios, o su público, también tienen derechos. No existe libertad para agredir, insultar, discriminar, la ley no es un atentado a la libertad de prensa", dijo Víctor Vacaflor, líder del CPDH.

El activista consideró que el proyecto antirracista había provocado "un falso debate", porque sus críticos ignoraban que la ley no nació como iniciativa gubernamental sino de "diversas organizaciones sociales de todo el país".

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, o sindicato de periodistas y otros empleados de periódicos, marcó distancia frente a sus pares del país al apoyar la posibilidad de sanciones a los medios, aunque con la condición de que medios eventualmente clausurados sean traspasados a sus empleados.

"Lo que nos preocupa es la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa, hemos planteado que la responsabilidad de una supuesta declaración racista caiga sobre la persona que hace esa declaración y no sobre el periodista que la pueda divulgar", explicó tras su encuentro con Morales.

Agregó que "en caso extremo de clausura de un medio, previo proceso de llamadas de atención y sanciones económicas, la licencia y los bienes materiales del medio deberían pasar a manos de sus trabajadores".

El portavoz Canelas señaló que el gobierno "no ha pretendido ni pretende limitar la libertad de expresión, sino sólo poner fin a una cultura de racismo y discriminación que ha afectado principalmente a las mayorías pobres del país".