Bogotá. "El crimen organizado no va a continuar haciendo de las suyas en Medellín", sentenció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al término del consejo de seguridad que se realizó con el fin de buscar nuevas medidas para frenar la guerra entre pandillas que se disputan el territorio y operan bajo el mando de narcotraficantes y paramilitares en la comuna 13 y las otras zonas de Medellín.

El Jefe de Estado señaló que la próxima semana el ministro de Defensa, el director de la Policía y el Fiscal general entregarán un informe en el que se especifica la forma en la que se reforzará la operatividad de la Fuerza Pública, con el fin de obtener mejores resultados contra la delincuencia.

En el encuentro, el presidente Juan Manuel Santos Calderón; el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo; y los altos mandos militares y de Policía discutieron la necesidad de fortalecer el sistema judicial, ya que la delincuencia le ha tomado el pulso al Sistema Contravencional y Penal, así como a la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

"Nos dimos cuenta que aquí hay la necesidad de ir mucho más allá, tanto en el aspecto operativo, nadie se ha quedado quieto, las autoridades han hecho muchísimo, pero vamos a establecer los procesos para estudiar rápidamente que tipo de procesos normativos hay que presentarle al Congreso para que apruebe cambios en la ley que no permitan que siga esa sensación de impunidad que es muy dañina para el país", puntualizó.

Mientras las autoridades evalúan el regreso de la unidad anti Bacrim a la capital antioqueña, la Personería para los Derechos Humanos insiste en que se debe realizar una intervención integral en estos barrios.

Si bien la violencia se venía registrando meses atrás, en las últimas semanas se ha agudizado en las comunas, los barrios más deprimidos ubicados en las laderas que rodean el centro de Medellín, en el noroeste de Colombia.

A 31 de julio, 2.266 personas habían abandonado sus hogares acosados por la violencia, mientras que los asesinatos ascendían a 1.250, sin contar los registrados en agosto, según el personero de Medellín, Jairo Herrán, cuya misión es velar por los derechos humanos en esta ciudad.