Bogotá. Este lunes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezará en la Casa de Nariño, la presentación del Proyecto de Ley de Víctimas, para luego radicarlo en el Congreso.

Según el gobierno, el proyecto es un instrumento legislativo para generar una política masiva de reparación a las víctimas de la violencia y se espera sea aprobada este año, antes del 16 de diciembre, con el fin de poder avanzar en la consolidación de normas que garanticen un mínimo de apoyo para los afectados de la violencia en el marco de la no repetición.

La iniciativa contará con recursos de más de 40 mil millones de pesos (US$21,7 millones) que saldrán de los bienes incautados a los victimarios, impuestos y regalías recaudadas en los próximos 10 años.

La exposición será además un evento especial en el que el gobierno ha invitado a 20 víctimas de genocidios en el mundo, quienes contarán cómo han sido sus experiencias de ser víctimas.

Por tal razón desde el pasado sábado han llegado al país personas que han sido afectadas en tragedias como el atentado contra las Torres Gemelas y las víctimas del genocidio de Ruanda en 1994.

El ponente de la iniciativa, representante Guillermo Rivera, señaló que el proyecto contiene medidas de reparación administrativa para los afectados por acciones de la guerrilla, los paramilitares y los agentes de Estado, así como soldados y policías mutilados por minas antipersonales o secuestrados.

A su turno, el senador Juan Fernando Cristo señaló que el objetivo de la ley es armonizar la producción legislativa sobre víctimas y el tema de la reparación administrativa a la par que se desarrollan los principios de verdad, justicia y reparación en una política de Estado, para que no estén expuestas a "derogaciones coyunturales propias del criterio de cada gobierno".

El Proyecto de Ley de Víctimas recoge la jurisprudencia internacional en materia de víctimas de la violencia, establece las modalidades de la reparación, establece parámetros de la indemnización administrativa, desarrolla las garantías de no repetición y se plantea la rehabilitación y acompañamiento sicológico y terapéutico a las víctimas de la violencia.

Aunque las víctimas de crímenes de Estado están incluidas en el universo de los beneficiados, el proyecto protege al Estado al asegurar que al reparar a este grupo, no está acusando a los uniformados de victimarios.

En la reparación a los uniformados, la iniciativa es clara en señalar que sólo accederán a la reparación los policías y militares que hayan resultado mutilados por minas antipersonal, secuestrados o desaparecidos y no se incluye a los ex guerrilleros o desmovilizados paramilitares que pidan su reparación.