Bogotá. El presidente de Colombia se declaró este domingo a favor de un acuerdo para lograr la libertad de 22 miembros de las Fuerzas Armadas secuestrados por las FARC a cambio de guerrilleros presos, pero lo condicionó a que los rebeldes excarcelados no regresen a la lucha armada.

Las declaraciones de Alvaro Uribe, que ratifican su postura frente al tema, respondieron a la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, quien anunció que tras las entregas del soldado Josué Daniel Calvo y del suboficial Pablo Emilio Moncayo, no habrá más liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla.

La senadora, quien recibió en la selva a Calvo y el próximo martes hará lo mismo con Moncayo, aseguró que para que los demás efectivos del ejército y la policía secuestrados recuperen la libertad, es necesario un acuerdo humanitario entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

"El gobierno ha facilitado liberaciones, ha hecho rescates y no se opone al acuerdo humanitario, siempre y cuando el acuerdo humanitario no sea para devolverle delincuentes a las FARC", dijo el mandatario durante un acto de gobierno en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

"No podemos hacer un acuerdo humanitario para devolverle delincuentes a las FARC, que le fortalezcan su capacidad criminal", agregó Uribe, quien anteriormente propuso que los rebeldes excarcelados viajen a otro país.

Córdoba anunció que entregará una propuesta de acuerdo humanitario a Uribe y hará lo propio con los candidatos que se postulan a ocupar su lugar en las elecciones de mayo, para tratar de poner fin al drama de los secuestros lo más pronto posible.

Las FARC, que tuvieron en su poder a más de 60 rehenes, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses rescatados por el ejército, buscan un acuerdo para entregar a los secuestrados a cambio de la excarcelación de cientos de sus combatientes.

Después de que Uribe asumió el poder en 2002, el tema del acuerdo no avanzó por la demanda de la guerrilla para que el gobierno retirara sus Fuerzas Armadas de una zona de 780 kilómetros cuadrados estratégica para el tráfico de armas y de drogas.

Aunque posteriormente las FARC retiraron su demanda, el tema del acuerdo perdió espacio político en Colombia y a nivel internacional tras el exitoso rescate de Betancourt y los tres estadounidenses.

Uribe teme que los rebeldes excarcelados con el acuerdo humanitario regresen a la lucha armada, como sucedió con Rodrigo Granda, el llamado "canciller de las FARC", a quien dejó en libertad en 2007 por solicitud del gobierno de Francia que en ese entonces buscaba facilitar la liberación de Betancourt.