El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, dejó en claro en su enlace sabatino, que la política de su gobierno frente al tráfico e invasiones de tierras será de cero tolerancia. Para lograr su objetivo anunció primero el envío, para su aprobación en la Asamblea Nacional, de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El segundo aspecto consiste en la creación de un comité interinstitucional que combata a los asentamientos irregulares. Esta nueva institución estará dirigida por el actual secretario técnico del ministerio Coordinador de Desarrollo Social y exintendente del Guayas, Julio César Quiñónez.

Según las declaraciones del propio mandatario, el comité tendrá varias facultades legales y de control. Deberá proponer al Ejecutivo las políticas públicas sobre prevención, ordenamiento y control de asentamientos humanos irregulares.

Además, emitir normas técnicas que regulen la intervención del Estado en dichos asentamientos e iniciar acciones penales en contra de traficantes e invasores.

El presidente cree que el tráfico de tierras es una de las muestras del crimen organizado que más daño ha provocado al país. “Hizo gastar inmensas fortunas al erario nacional, ha sido germen de violencia, el aparecimiento de pandillas en esa precariedad”. Y por eso aseguró: “Con el dolor del alma, pobres de mi patria, si se dejan engañar por traficantes y ponen su casita en lugares ilegales, tendremos que desalojarlos; precisamente porque estamos con los pobres, no podemos permitir esta anarquía, desorden y explotación donde las víctimas son los más pobres”.

Por otra parte, Correa reiteró que extenderá la fecha límite de acción de la flota pesquera de arrastre hasta el próximo 15 de diciembre.

Explicó que se han ofrecido créditos a través de la Corporación Financiera Nacional, para que los dueños de los barcos adapten sus naves a actividades específicas de pesca. Quienes trabajaban como tripulantes para este tipo de industria podrán solicitar créditos en el Banco de Fomento y adquirir fibras que les permita convertirse en pescadores artesanales.

Guillermo Morán, viceministro de Acuacultura y Pesca, no detalló los montos de los créditos ni el número de beneficiarios. Dijo que para quienes busquen dejar esa actividad, las autoridades harán avalúos de sus naves y se les pagará.

Parte del tiempo de su enlace lo utilizó para recordar los sucesos del 30 de septiembre de 2010. Aunque no hizo nuevas revelaciones, recordó que existen 47 procesados. Además que la demanda del asambleísta Cléver Jiménez (Pk) y Fernando Villavicencio (ex sindicalista petrolero), que lo acusó de invadir el Hospital de la Policía, fue declarada por la justicia como maliciosa y temeraria.

“Esta gente que denuncia sobre el caso Gastón Duzac (donde el banco Cofiec, en manos del Estado, entregó un crédito de US$800.000 al argentino y está impago), esta gente con su miseria moral, que son la fuente de las denuncias, ahora los enjuiciados son ellos, es una victoria y deberán responder”, dijo el presidente.

Aprovechó el espacio para defender a Pedro Eleosegui, ex subgerente de Investigaciones Financieras del Banco Central de la República de Argentina y amigo suyo, a quien conoció en la Universidad de Illinois, de las acusaciones en el caso Duzac. Aseguró que él nada tiene que ver con las irregularidades encontradas en el crédito adjudicado al argentino.

Dijo que se trataba de otra canallada y pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que investigue el caso.

Textual: En el enlace
“Pedro Eleosegui nunca trabajó para Scanbuy (la empresa de Gastón Duzac), en buena hora la Comisión de Fiscalización investigará”.