Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, espera la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un paquete de leyes clave para su proyecto político, luego de consolidar un consenso político con sus aliados legislativos.

Con el acuerdo alcanzado luego de la rebelión policial de la semana pasada, Correa congeló un plan para disolver a la Asamblea y legislar por decreto hasta convocar a elecciones.

El mandatario no ha descartado totalmente la medida.

La Asamblea Nacional, de 124 miembros, retomó sus actividades el jueves tras una semana de paralización por la rebelión policial, con el trámite de un polémico proyecto de finanzas públicas, que será determinante para su futuro.

Antes de la rebelión policías, la Asamblea tenía problemas para aprobar las leyes clave enviadas por el Ejecutivo. Algunos miembros del partido oficialista cuestionaban las propuestas presidenciales.

A continuación el detalle de los proyectos enviados por el Ejecutivo y las leyes aprobadas por el Legislativo.

* El Código de Planificación y Finanzas Públicas, que se encuentra en trámite, permitirá al gobierno aumentar o rebajar hasta en 15% el presupuesto general del Estado respecto a lo aprobado por la Asamblea. Además autoriza al gobierno a elevar el endeudamiento público en hasta 50% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El texto también dará luz verde para que las entidades financieras compren bonos del Estado hasta con 75% del valor de encaje que respaldan los depósitos de sus clientes.

* La Ley de Comunicación, que se encuentra en trámite, busca normar la actividad de los medios de comunicación en el país a través de la creación de un Consejo, integrado por siete miembros, con una mayoría en representación del Ejecutivo. El Consejo, no obstante, no tendrá facultades para sancionar a medios de comunicación ni periodistas. El cuerpo legal además garantiza la libertad de expresión sin censura previa pero ata la actividad a la responsabilidad ulterior, cuyos parámetros no están definidos en el mismo texto.

* La ley de Recursos Hídricos, cuyo debate está suspendido, propone la regulación del uso del agua a través de la creación de un Consejo en el que el gobierno pretende tener mayoría para la toma de decisiones. Con ello el gobierno espera promover el desarrollo de la minería a gran escala, que es rechazada por varios sectores sociales. La oposición ha calificado al proyecto como un intento del oficialismo por privatizar el recurso y facilitar su uso indiscriminado por parte de compañías mineras.

* La Ley de Servicio Público, que fue aprobada sin mediar un debate final de la Asamblea, propone entre otras cosas una jubilación obligatoria para los servidores del Estado que alcancen los 70 años de edad y obliga a los trabajadores a recibir parte de su jubilación en bonos del Estado. El proyecto además suprimió los bonos y ascensos que eran concedidos a funcionarios públicos, incluidos militares y policías. La polémica ley causó la sublevación de un grupo de policías.

* Ley de Educación Superior, que igual fue aprobada sin mediar un debate final de la Asamblea, propone la creación de una Secretaría donde el gobierno tendrá una representación mayoritaria, lo que ha sido fuertemente criticado por los sectores estudiantiles y académicos quienes denuncian que con ello se suprimiría la autonomía con la que cuentan las instituciones universitarias.

* En los próximos días, el gobierno remitirá a la Asamblea un proyecto de Código de la Producción, en un intento por fijar reglas para la inversión. Con la propuesta se pretende reemplazar los tratados bilaterales de inversiones que el país tiene suscrito con 13 naciones y fijar un ente regional para solución de controversias comerciales. La oposición dice que la propuesta abre el camino para crear un ambiente de inseguridad jurídica en el país.