El presidente Correa sostiene que con la marcha se busca "desgastar" a su gobierno y dijo que para la misma se ha unido "la supuesta izquierda radical con la derecha más recalcitrante".
Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró este miércoles su rechazo a una marcha que protagonizarán este jueves sectores sindicales, sociales y un grupo de indígenas que critican las políticas de su gobierno.
"Mañana se marcha porque estamos contra la organización laboral, contra los sindicatos", ironizó el mandatario de izquierda durante un acto público en Quito.
Correa dijo que su gobierno está "contra los abusos, porque muchos de esos sindicatos (que marcharán) lo que hacen es esquilmar al sector público".
"Como nadie defendía al Estado, imponían sus abusos", agregó el mandatario, tras fustigar que "las grandes conquistas de los sindicatos eran trabajar sólo seis horas, atender menos al público, vacaciones para toda la familia, etcétera".
Correa destacó que cada "conquista" de los sindicatos significaba "un libro menos para nuestros niños de escuelas fiscales, una medicina menos para nuestras familias", por lo que su gobierno ha tratado "de limitar esos abusos en función del bien común".
La de mañana, será una marcha nacional que se acordó realizar durante la denominada "Cumbre de los Pueblos", que se realizó el pasado 6 de marzo por convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La manifestación central se realizará en la capital ecuatoriana, y en varias provincias habrá protestas de apoyo a los descontentos, según los organizadores.
En Quito, los manifestantes se concentrarán la tarde del jueves en el Parque El Ejido, en el centro norte de la ciudad, y desde allí marcharán hasta la Plaza de San Francisco, situada en el centro histórico y cercana a la Presidencia.
Los manifestantes solicitarán la derogatoria del decreto ejecutivo 16, sobre el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas.
Según un sector sindical, este viola el derecho de la organización y la libertad sindical.
Además, pedirán retirar los artículos 229 y 326 sobre la administración pública y las formas de trabajo en un proyecto de enmiendas constitucionales.
Los manifestantes creen que estas iniciativas terminan con la sindicalización, el derecho a la estabilidad laboral y a la huelga del sector público.
Los manifestantes también exigirán el libre ingreso a las Universidades y que el Parlamento tramite una Ley de Tierras con las propuestas indígenas, entre otros temas.
El presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas UnitariasTrabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez, dijo a periodistas que la marcha será pacífica y negó una supuesta alianza con banqueros y grupos de derecha para desestabilizar al gobierno.
"Esta marcha es pacífica y es convocada por sectores que siempre hemos estado defendiendo derechos constitucionales. No es para desestabilizar, es para defender derechos como un nuevo código integral laboral, no politizado", dijo Tatamuez.
El presidente Correa sostiene que con la marcha se busca "desgastar" a su gobierno y dijo que para la misma se ha unido "la supuesta izquierda radical con la derecha más recalcitrante".
"La izquierda radical, kamikaze de la derecha, vieja historia de nuestra América, buscan desgastar al gobierno, distraernos en un año económico difícil, sabotear la Revolución", como llama a su proyecto político, dijo recientemente.
Frente a ello, dijo que "¡No pasarán! Ecuador ya cambió, y somos más, muchísimos más" los que apoyan al gobierno.
Mientras tanto, otros sectores afines al régimen coincidieron en rechazar la marcha opositora.
En un comunicado, decenas de organizaciones agrupadas en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalaron que la manifestación de ciertos grupos "no representan el sentir democrático y pacífico del pueblo ecuatoriano ni de la mayoría de los trabajadores del país".
Agregaron que ante lo acontecido en Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, este tipo de acciones "dejan patente su articulación con la agenda intervencionista que el imperialismo despliega contra los gobiernos progresistas, populares y revolucionarios de América Latina".
