Al promulgar la ley antisecuestro, Felipe Calderón afirmó que “nada justifica que se abandone a la sociedad a su suerte y, peor aún, que incluso en algunos casos las propias autoridades o las propias policías se unan a los delincuentes para extorsionar o para secuestrar”.

México D.F. “La falta de acción a tiempo propició que el problema de la criminalidad alcanzara niveles intolerables e inadmisibles”, afirmó el presidente de México, Felipe Calderón, al promulgar la ley antisecuestro.

El mandatario puntualizó que “el desafío más grande que enfrentamos los mexicanos” y hacer un análisis del pasado indicó que “el país fue quedándose poco a poco sin instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces” para combatir delitos.

“Nada justifica que se abandone a la sociedad a su suerte y, peor aún, que incluso en algunos casos, las propias autoridades o las propias policías se unan a los delincuentes para extorsionar o para secuestrar. Eso no podía ni puede seguir ocurriendo”, enfatizó Calderón.

Al defender la política llevada adelante por su gobierno, el presidente mexicano refutó a quienes afirman que no se debió implementar una política contra el crimen organizado. A esos cuestionamientos respondió señalando que “por el contrario, estimo que ese ha sido, precisamente el error. El error que proviene de la inacción, de la facilidad y en ciertos casos de la complicidad”, señaló Milenio.

El jefe de Estado manifestó su seguridad de que “sí se puede vencer a la criminalidad, de que sí se puede someter a los secuestradores, de que sí se puede lograr el México sin violencia al que aspiramos y sí podemos transformar a México en la Nación próspera, segura, justa y con un mejor futuro que todos anhelamos”.

A juicio de Calderón, la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro es un gran paso para vencer a los criminales.

La legislación promulgada este martes establece penas de entre 25 a 45 años para castigar delitos con violencia, y de entre 40 y 70 años para quienes asesinen a sus víctimas, eliminando la prescripción del delito.