Confiado en que su carácter técnico aporta al cargo, René Cornejo, toma como ejes de su gestión la educación, seguridad y salud.

El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, parece no tener miedo al qué dirán y asume la difícil aprobación de su gabinete (que requirió dos arduas votaciones en el Congreso) como una llamada de atención, a la que piensa responder con acciones concretas. Tras el accidentado inicio de su gestión, Cornejo incide que los ejes que ya se plantearon el Ejecutivo como centrales (educación, seguridad y salud) estarán en su mira. Se trata de vallas altas que confía poder saltar con numerosas medidas y reformas, que incluyen la reforma de la gestión de la Policía Nacional o un incremento del 0,5% de la inversión en educación anual.

Mientras Cornejo avanza en la materialización de estas medidas, capea el temporal que trae consigo la vertiente política de su cargo y recalca que de la toma de decisiones solo se encargan el presidente de la República y los ministros.

AméricaEconomía conversó en exclusiva con el premier sobre sus planes y perspectivas en uno de los sillones más calientes del Ejecutivo peruano.

-A su antecesor Juan Jiménez se le criticó por tener un perfil más político que técnico. En cambio a usted se le ha sacado en cara justo todo lo contrario. ¿Qué les diría a quienes creen que para ser premier hay que estar más metido en política?

-Que en esta posición uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. La responsabilidad y el mandato constitucional, sobre todo el ciudadano, obliga a que uno ponga sus mejores capacidades, y estas son del equipo. Tengo la convicción de que el momento en el que estamos, que necesita un lanzamiento de la economía hacia adelante para poder superar los temas estructurales, requiere asegurarse de que en la base hay un análisis y una capacidad técnica que dé solvencia a todo. Considero principal además que el planteamiento que tenemos la mayoría de ministros de esta mirada político-técnica es una cercanía con el ciudadano. Se usa la palabra ‘técnico’ como si fuera un menoscabo cuando creo que es más bien al contrario. Todos debemos sentir con ello una mayor seguridad en que las decisiones que se toman tienen una base de análisis, reflexión que aporta y que hace que las decisiones sean mucho más sólidas.

Todo el gabinete tiene claro que para superar los problemas estructurales hay que trabajar políticamente, y lo estamos haciendo. Estamos abocados a hacer un trabajo político que se refleje en tener más acción con actores políticos, oposición, Congreso y medios.

-¿Cuáles son las bases de su trabajo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros?

-Son tres líneas relacionadas directamente con el ciudadano, que tienen que ver con los retos estructurales del Perú para adelante en todos los campos: mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Este último es un tema que se ha convertido en el centro de la agenda. Existe la convicción en el gobierno de que para impulsar estos temas y generar de capacidades para la competitividad e igualdad de oportunidades se necesita inversión, que es un tema transversal para darle un soporte económico.
Alrededor de nuestros tres ejes principales hay muchas otras agendas que tienen que desarrollarse, pero estos tres temas que tienen que ver con el ciudadano, sus potenciales y su calidad de vida son centrales.

-En materia de educación, el último puesto en el informe Pisa confirmó lo que ya se sabía: que la educación peruana está a la cola. ¿Cómo afrontarán el problema educativo en el país?

-Lo primero es una decisión política: incrementar el presupuesto en educación, pero no solo siguiendo la inercia sino de manera tangencial. Es un compromiso que se ha establecido, aunque puede sonar a decisión declarativa. Nos hemos propuesto en los dos próximos ejercicios incrementar 0,5% del PIB el presupuesto en el sector, que equivale a US$550 millones por ejercicio como mínimo. Haremos la tarea sobre eso, de modo tal que logremos generar una necesidad política. Creemos que si establecemos esta conducta política en el siguiente gobierno tendrá que mantenerse el aumento hasta la meta, que es llegar al 6% del PIB. Ahora los recursos solo no son suficientes y se tienen que hacer mejoras en la capacidad de ejecución, y se requieren medidas que suponen abordar la problemática desde todas las vertientes: profesores, contenidos curriculares, alumnos e infraestructura. Tenemos que hacer trasformaciones con los maestros que van necesariamente a largo plazo. Vamos a mejorar a través de evaluaciones, capacitaciones e incentivos con el profesorado actual, pero, por otro lado, vamos a incentivar para que ingresen en el sector los alumnos más destacados con regímenes que les den un tratamiento remunerativo acorde con sus capacidades, siempre en base a objetivos. En cuanto al contenido educativo hemos planteado que se tiene que acabar con la secundaria a medio tiempo. Nos hemos propuesto este año incorporar a tiempo completo a mil colegios y seguiremos avanzando.

-Ha afirmado que la seguridad está en el centro de la agenda. ¿Cuál es su percepción sobre la seguridad en el Perú?

-Los técnicos tenemos una formación, que son los números, y estos muestran que a partir de 2008 se ha generado un incremento importante de los eventos delictivos al año. En 2008 había 150.000 eventos al año y la cifra era estable, pero en 2011 ya estaba por encima de los 200.000. Son números puros y duros que muestran una incidencia de criminalidad. Aunque la mayor parte de los delitos son menores hay una progresión lamentable, y si no se para va avanzando hacia delitos de otra índole.

-¿Cuál va a ser la estrategia?

-Se han venido tomando medidas que ya han permitido reducir la tasa de crecimiento, aunque no hay que ser complacientes, y ello quiere decir que sigue creciendo, pero menos que antes. Estamos actuando a tres niveles; el primero de ellos estructural y tiene que ver con acciones para combatir el narcotráfico y la minería ilegal, dos elementos que han generado circuitos criminales. Nos hemos propuesto erradicar más de 30.000 hectáreas de cultivo de coca y trabajamos en la conversión de cultivos e inversión en infraestructura que permita los cambios de vida necesarios para generar medios de vida lícitos en las poblaciones. En minería ilegal avanzamos de manera efectiva con la formalización. En el segundo nivel está el impacto directo en la ciudadanía, y en este estamos haciendo acciones operacionales para capturar bandas en diferentes puntos del país, como Ica o Áncash. Lo siguiente es fortalecer los equipos especializados, incrementar infraestructura, integrar los sistemas de comunicación e instalar bloqueadores en prisiones, herramientas que vamos a inaugurar pronto en Trujillo y Chiclayo. En esta línea incrementaremos además la presencia policial en las calles, incorporando a 15.000 efectivos este año. Esperamos haber incorporado 30.000 para el final de la gestión, un nuevo contingente que entrará sin el sistema 24x24. En medio de todo esto se tiene que hacer una reestructuración del sistema policial, y preparamos varias normas que permitan reformar diversos aspectos de la gestión de la Policía. Algunos puntos requerirán que se confieran al Estado capacidades para tomar decisiones rápidas sobre todo para separar a miembros del cuerpo policial con mala conducta.

-Cada una de las reformas lleva consigo una sonora protesta y oposición. Podría decirse que no se respeta la institucionalidad. ¿Qué puede hacerse para cambiarlo?

-La legitimidad, como la confianza, se gana en el ejercicio concreto de las responsabilidades. Hace años se incubó un proceso que tiene que ver con el comportamiento pendular en el pasado de pasar de una corriente que plantea que el Estado hace todo a una que cree que cuando más pequeño el Estado mejor. Políticas centradas en esta visión han hecho calar en la sociedad la idea de que el Estado es un mal necesario y no se puede estar más lejos de la verdad. Este proceso de demolición tiene que ver con la legitimidad y tiene que ganarse con acciones. Nos hemos empezado a recuperar. Una de las tareas del Estado es atender a los tres millones de peruanos que viven en el rural disperso. El modelo de tambos está llevando a ellos el Estado, y ellos tendrán una visión distinta. Eso es construir desde la base. Tiene que haber legitimidad reflejada en estos actos.

-Como especialista en inversión, ¿cree que están funcionando las medidas que se tomaron para promocionar las inversiones?

-En el tema de inversiones se han hecho muchos cambios, y hay resultados. A la fecha, con US$11.800 millones invertidos, hemos superado en inversiones a lo que se hizo en el quinquenio anterior. En abril debemos dar la buena pro para el aeropuerto de Chinchero, el puerto de Pisco, el Hospital del Niño y en mayo vamos a tener la línea de transmisión Oyobamba-Iquitos. Uno de los temas pendientes es el de culminar una evaluación de las regulaciones que tenemos y que deben tener siempre un equilibrio entre lo que se cautela y se inhibe.

-Pese a ello, el nivel de popularidad del presidente Ollanta Humala cayó de 40,7% a 21,2% según el último reporte de CPI. ¿Qué está afectando a la aprobación presidencial y cómo piensan revertirlo?

-De las razones de los analistas yo me quedo con el tema de que detrás de esto existe una opinión ciudadana, que tenemos que escuchar permanentemente. Lo que tenemos que hacer y hacemos es profundizar en las tareas que estamos desarrollando. En el tema de seguridad ciudadana redoblamos esfuerzos porque es una necesidad en el sentir de la población y hay que actuar de manera efectiva. Por supuesto la caída de la popularidad nota una preocupación en el sentido de que hay un desenganche. Tenemos que ampliar las capacidades de comunicar, y se está haciendo en todo el gabinete. Hay muchas cosas que se hacen y no se mencionan. Por ejemplo se dice que el gobierno lo primero que ha hecho es aumentar el sueldo a los ministros, pero si vamos a la realidad vemos que en los dos primeros años se incrementó S/. 150 el salario mínimo vital, con lo que se superó a cada uno de los dos quinquenios anteriores.

-Hay mucha preocupación por la injerencia de la primera dama en el gobierno, pero usted ha asegurado que no se va a permitir ningún tipo de intromisión y que se revertirá la percepción que tiene la oposición. ¿Cómo?

-Por la vía de la realidad. Se habla de injerencia en el Ejecutivo, pero no existe. En el Ejecutivo hay dos elementos para poder verlo: uno es la toma de decisiones, que nadie ha cuestionado que corresponde al presidente y sus ministros, y el segundo es el tema de la vocería, de quién comunica, que son sin duda los mismos.

Hay un tema de comunicación y de vocería, de que la población escuche de quiénes tomamos las decisiones, las razones, los alcances, las implicancias de estas. Hoy el gabinete sale mucho más en los medios, tiene mucho más contacto con la población, es más abierto al debate, y allí estamos recuperando algo que debió hacerse con más énfasis desde el inicio. Yo creo que eso va permitir poner las cosas en su lugar. El Ejecutivo tiene una responsabilidad que asume plenamente. Lo que me toca como presidente del Consejo de Ministros es que esto sea así.

-¿Asiste la primera dama a las reuniones del Consejo de Ministros?

-No, nunca. No asiste ni toma decisiones. Tiene un aporte importante como fundadora del partido en el gobierno.

-Recientemente han saltado denuncias sobre corrupción en el gobierno regional en Áncash, que han evidenciado de nuevo uno de los problemas más graves del país. ¿Qué pasos van a dar en este sentido?

-Tenemos que fortalecer los canales institucionales. Yo creo que a la corrupción no se le puede hacer mejor favor que vulnerar estos canales, porque si no hay el debido proceso aparecen los corruptos, que tienen el dinero para poder acudir a la excepción, a la interpretación entre líneas… El combate a la corrupción no solo es la denuncia o el señalamiento sino que debe terminar con personas sentenciadas, si no, no hemos avanzado. Es un camino que es difícil porque te ves defendiendo el debido proceso y la gente te dice “está defendiendo al acusado”, pero no, se defiende la institucionalidad, la legitimidad del Estado para condenar.

-Jiménez Mayor aseguró que como premier ejercía de director de orquesta, pero la imagen que transmite el cargo es más de apagaincendios. ¿Cuál es su punto de vista?

-Termina siendo un poco de ambas cosas. Yo creo que es un tema de perfil y que tiene mucho que ver con la coyuntura. Creo que puedo sentir, como muchos de mis colegas en el gabinete, esa expectativa que tiene la población, y la obligación y responsabilidad que tenemos con ellos es la más importante y fundamental. Es ahí donde vamos a tratar de mantenernos trabajando, comunicándonos y estando cercanos a ellos. La coyuntura existe. Vendrán los temas, los problemas. Habrá equivocaciones que se tienen que asumir, digerir y corregir. Nuestro empeño es que sea la excepción y que la regla sea acción, trabajo, obras y calidad de vida para la gente.

-Las carteras ministeriales de Defensa e Interior se salvaron de los últimos cambios del gabinete, pero desde hace tiempo se piden las cabezas de ambas. ¿Habrá cambios en julio?

-Se habla de muchas cosas y son temas que tienen sus oleadas. Hacer cambios ministeriales puede tener un efecto positivo, pero también negativo, y es que un cambio de ministros impone una curva de aprendizaje al nuevo ministro y cambios en los equipos, y eso tiene un costo. Se pierde eficiencia, se retrasan los cronogramas, y es un tema que debemos valorar.

-¿Cómo quiere que se recuerde su gestión?
-Por haber hecho un cambio en los ejes en los que nos hemos comprometido y por haber aportado mayor institucionalidad al Estado.